La acción de gobierno en un ayuntamiento exige madurez y cierta experiencia de gestión para defender siempre el interés general, cumpliendo escrupulosamente la legalidad vigente. Por eso el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Es Castell siempre ha acatado el contenido del convenio urbanístico que se firmó hace 12 años con los anteriores propietarios de los antiguos cuarteles de la Plaça Esplanada, porque son unas obligaciones heredadas que, por responsabilidad, no se pueden ignorar.
El equipo de gobierno municipal ha impulsado, promovido y, en definitiva, ha liderado la adquisición pública de los antiguos cuarteles de manera inequívoca, por mucho que ahora otros partidos políticos se quieran poner medallas. El trabajo ha sido constante y siempre se han explorado dos vías de futuro para dichas infraestructuras, una que contemplaba inversiones privadas y otra que suponía la adquisición pública de los cuarteles.
Pero, en honor a la verdad y por mucho que le duela a algunos, si hace 20 años PSM y PSOE hubiesen sido un poco más responsables, votando en el Consell a favor de la adquisición pública de los cuarteles, nos habríamos ahorrado este largo viaje
Por eso resulta sorprendente que Som Es Castell se atreva a afirmar que fueron ellos los que en 2015 paralizaron la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que habría permitido el cambio de usos de dichos cuarteles, cuando fue el equipo de gobierno municipal el que ralentizó dicha tramitación al constatar la viabilidad de la adquisición pública de los mismos. Es importante tener en cuenta que estas decisiones las debe aprobar el pleno municipal y el equipo de gobierno (PP y Pi) dispone de mayoría absoluta. Por lo tanto, Som Es Castell no podía paralizar nada.
También es fundamental manifestar que el año 2016 el alcalde Lluís Camps fue invitado por un inversor privado para que visitara un hotel en Somerset (Inglaterrra), para que comprobara personalmente como se podía extrapolar a los cuarteles de Es Castell un proyecto ambicioso que habría posicionado Es Castell, en particular, y Menorca, en general, en el mundo del arte y las antigüedades a nivel internacional. Camps invitó a los portavoces de todos los partidos políticos con representación en el Consistorio para que le acompañaran, pero estos declinaron la invitación.
Por cierto, este mismo viaje lo realizó un miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó y resultó decisivo para que dicho inversor decidiera rehabilitar el edificio Langaria, situado en la Illa del Rei, para la realización de actividades artísticas de proyección internacional. De hecho, esta iniciativa se presentó públicamente día 11 de abril de 2017 en el Consistorio de dicha localidad, gobernado por PSOE y Ara Maó, una agrupación de electores “hermana” de Som Es Castell. Que curioso, ¿no?.
La inversión privada en los cuarteles también podría haber sido muy positiva para la economía local, porque si se hubiese construido una galería de arte se habrían creado puestos de trabajo, habría aumentado considerablemente el número de visitantes y, en definitiva, se habría dinamizado la economía del entorno, es decir, del comercio de proximidad. ¿Eso es negativo?
Pero la adquisición pública de los antiguos cuarteles también es muy positiva para Es Castell, porque abre un amplio abanico de posibilidades como, por ejemplo, la construcción de una sala multifuncional y una nueva Escuela Municipal de Música.
Reiteramos una vez más, para acabar con las mentiras de los partidos políticos de izquierdas, que el PP y el Pi no renuncian a ubicar el futuro geriátrico en el Cuartel de Ingenieros.
Resulta evidente que Som Es Castell no ha gobernado nunca y no sabe lo que eso implica. Ahora se acercan las elecciones y se dedican a hacer ruido y a manipular los hechos, pero lo que sí está claro es que el equipo de gobierno municipal siempre ha trabajado con responsabilidad y en defensa del interés general.
En definitiva, una vez se ha materializado la adquisición pública de los cuarteles, gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento de Es Castell, el Consell Insular de Menorca y el Govern Balear, es el momento de consensuar el uso que deberán tener dichas instalaciones.
