El grupo ecologista GOB cree que hay que revisar bien todo el expediente del parque acuático de Sant Lluís para poder averiguar qué compromisos adquirió el promotor en la desestacionalización prometida y estudiar la posibilidad de iniciar algún proceso penal por lo que consideran “las escandalosas decisiones que se tomaron”. Los conservacionistas se refieren al parque acuático de Biniancolla que se levantó en la pasada legislatura en suelo protegido con la excusa de la desestacionalización, aspecto que, por segunda vez, han tumbado los tribunales.
El GOB insiste en que la segunda sentencia sobre el parque acuático de Biniancolla reafirma que el parque no se podía construir en zona protegida, que no respondía a interés general y que no desestacionaliza.
La construcción de un parque acuático exterior en Sant Lluís fue una de las polémicas territoriales importantes en los años 2013 y 2014 en Menorca. Para los ecologistas todo el proyecto dio la impresión de “urbanismo a la carta y de trato de favor(…) Pero la combinación del Gobierno Balear presidido por Bauzà (con la ley de Turismo de 2012 y otros) y el Consell Insular presidido por Tadeo (que decide las declaraciones de interés general) acabaron concediendo la autorización.
El proyecto, promovido por un conocido hotelero, que ahora preside la patronal hotelera de la isla, planteaba hacer el parque acuático en suelo rústico protegido, cuando el resto de instalaciones similares siempre se han hecho en suelos urbanizables.”
El GOB recuerda que junto a otras organizaciones presentaron multitud de alegaciones y miles de firmas en contra. También los informes técnicos y jurídicos del Consell emitieron informes contrarios a la iniciativa. Pero los gobernantes de aquel momento sólo escucharon al promotor.
Otra acusación del grupo conservacionista es que “eximieron al proyecto de cumplir con los parámetros urbanísticos máximos, por lo que la superficie de ocupación de parcela pasó del 4% al 55%. También se le exoneró del volumen máximo admitido, que era de 1.500 m3, mientras que los edificios proyectados tenían 2.474 m3 y 1.738 m3.”
Otro aspecto en el que incide el GOB en su comunicado es que había parcelas de suelo disponible urbanizables a apenas 300 metros del hotel que se podrían haber utilizado para ubicar el parque acuático, pero que no eran propiedad del promotor
“La guinda del pastel la puso el Departamento de Turismo, que certificó que el parque acuático exterior sería una instalación muy interesante porque ayudaría a desestacionalizar la temporada turística. Con estas argumentaciones, el Ajuntament de Sant Lluís, que era del mismo color político, concedió la licencia y las obras se ejecutaron.”
En el GOB entienden que “todo ello era un escándalo” que sólo podía terminar ante la Justicia. Primero el Juzgado de Palma y ahora el Tribunal Superior de Baleares, han dictado que el interés general queda anulado por lo que el parque se debe demoler.
El Consell Insular, a pesar de que ahora esté gobernado por la gente que antes estaba en la oposición y rechazaba la iniciativa, es la institución que recibe la sentencia en contra. Ya se ha anunciado que se recurrirá al Supremo, para tratar de paliar sus consecuencias. Estas podrían ser una indemnización económica de dimensiones similares o superiores a las del Caso Cesgarden.
