“La falta de esta instalación está costando carísima a los menorquines ya que el Consell paga alrededor de 3.900 euros al mes por cada una de las personas con esta casuística que tiene que derivar a centros fuera de la isla“. Esta es una de las razones por las que el Grupo Popular del Consell considera urgente crear el servicio de residencia para pacientes con discapacidades severas y trastornos de conducta que requieren tratamientos específicos.
Creen que las recientes declaraciones de la consellera del área, Bàrbara Torrent, que anunció una revisión del proyecto técnico de la remodelación de Bintaufa, “significa nuevos retrasos para una iniciativa que es cada vez más
necesaria”.
Para evitar el gasto que se produce derivando a los enfermos a centros de fuera de Menorca, proponen integrar este servicio dentro de la “red asistencial suprainsular, eso es balear, de forma que la creación de plazas en Menorca descongestionará la ocupación de otros centros análogos de Baleares”.
Recuerdan que el proyecto contaba en 2015 con una reserva presupuestaria de 350.000 y se había iniciado ya la tramitación de permisos necesarios para su ejecución. Por eso, en el Pleno que el Consell celebrará el próximo lunes, solicitarán que el Consorci de Serveis Sociosanitaris actualice el acuerdo adoptado en su día por el que se
comprometía a asumir el proyecto técnico del servicio y que estaba ya iniciado y que mantenga, por tanto, esa colaboración técnica. Y piden que el Consell de Menorca “comprometa una fecha de entrada en servicio, a fin de que el objetivo no se pierda entre sus gestiones y siga acumulando más retraso”.
