Un total de 3.900 personas en el conjunto del territorio nacional, de las que 30 residen en Balears, han presentado más de 2.800 recursos de alzada contra el dictamen del tribunal que se encargó de calificar las pruebas de oposición de acceso a la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía, celebradas el pasado 30 de noviembre.
Los participantes que han optado por la interposición de este recurso, agrupados en torno a la plataforma Justicia 36 (que hace referencia al número de promoción de estos opositores), entienden que el tribunal vulneró Sus derechos al haber modificado, sin previo aviso, la nota de corte inicialmente establecida en la segunda prueba del examen, que versó sobre conocimientos en ortografía de la lengua española.
Esta no es el único aspecto cuestionable de la convocatoria, ya que, además de ello, los miembros del órgano calificador puntuaron como equivocadas determinadas respuestas que, según ha certificado la Real Academia Española (RAE), habían sido escritas correctamente por parte de los opositores. En concreto, esta incidencia afecta a la ortografía de tres palabras que formaron parte del cuestionario del examen: ‘ciberataque’, ‘LGTBI’ y ‘reeditar’.
Juan Riera (nombre supuesto que utilizaremos en este artículo por deseo del entrevistado) es uno de los 30 aspirantes empadronados en las islas que tomaron parte en la oposición. En su caso concreto, según ha explicado en declaraciones a mallorcadiario.com, las calificaciones que obtuvo (un 7 en el examen sobre conocimientos y un 6 en ortografía) le hubieran resultado suficientes para superar las notas de corte “si el tribunal no hubiera procedido a modificar, unilateralmente y sin comunicación previa a los candidatos, las valoraciones inicialmente establecidas”. De esta manera, la nota de corte de ortografía fue elevada por el tribunal hasta un 6,2, motivo por el cual este aspirante se quedó fuera de la tercera fase de la oposición, la cual tendrá lugar este próximo sábado por la mañana.
APOYO Y ADHESIÓN DE SINDICATOS Y ABOGADOS
Desde que la controversia saltó a la luz pública, los integrantes de la plataforma Justicia 36 han recibido la adhesión y el apoyo de los sindicatos policiales más representativos; de la propia RAE, que ha respondido e ilustrado exhaustivamente las dudas suscitadas en torno a la correcta ortografía de las tres palabras anteriormente referidas, y también de diversos gabinetes de abogados que han aceptado hacerse caso de forma gratuita de la defensa legal de los autores de los recursos.
Entre los equipos que prestan asesoramiento a los opositores se hallan la plataforma Justicia Oposiciones, Abam y el despacho del prestigioso letrado Miguel Ángel Garrido, quien en su momento saltó a la palestra pública por su coparticipación en la instrucción del proceso Gurtel. También el Defensor del Pueblo, ante quienes los aspirantes interpusieron la correspondiente reclamación, les ha anunciado su intención de profundizar en el tema y solicitar las oportunas explicaciones a la Dirección General de Policía (DGP).
Para Juan Riera, el apoyo mayoritario que el colectivo ha recibido desde diferentes frentes sociales y sectoriales “ha constituido nuestra mejor satisfacción, después de la amarga decepción que hemos sufrido por vernos fuera injustamente de un proceso de oposiciones, únicamente porque el tribunal calificador decidió en el último instante cambiar las reglas de la convocatoria”.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Según expone este aspirante balear a las oposición del CNP, los recursos de alzada que se han interpuesto “cuentan con la garantía de solidos argumentos legales”. Concretamente, una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo dictada el 25 de junio de 2013 recoge, entre otras aspectos, que “el opositor tiene derecho a conocer antes de la realización de la prueba cuál v a ser la nota mínima necesaria para superarla”.
Ciertamente, como matiza Juan Riera, “esta normativa puede alterarse en el caso de que en las bases de la convocatoria se establezca expresamente que el tribunal se reserva el derecho a introducir la modificación de la nota inicialmente fijada”. Así sucedió, de hecho, en los examenes que tuvieron lugar en 2012, cuando la publicación de la convocatoria en el BOE reconocía a los componentes del jurado calificador la potestad de modificar unilateralmente los criterios sobre la nota de corte de las pruebas. En cambio, como explica el entrevistado, “la convocatoria actual no prevé esta posibilidad ni otorga al tribunal esta opción, circunstancia por la cual, a nuestro entender, resulta absolutamente irregular que modificase la nota que se había fijado en un principio”.
Si los recursos de alzada presentados por los opositores disconformes con la actuación del tribunal son finalmente rechazados, a los alegantes les quedará la opción de tramitar un recurso contencioso-administrativo. La esperanza de estos aspirantes a formar parte en el futuro de la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía es que antes de este sábado 11 de enero, día en el que está fijada la tercera prueba de esta oposición, pueda haberse producido la resolución de los recursos de alzada. En caso de que el pronunciamiento fuera favorable, intentarían que se autorizase su participación en el examen.
No obstante, el objetivo no es sencillo: en primer lugar, por el estrecho margen de tiempo que resta hasta el sábado, y, en segundo término, como explica Juan Riera, por el hecho de que “se ha habilitado un único turno de examen, por la mañana, y sería necesario que el tribunal accediera a organizar un segundo turno, por la tarde, al que nos incorporaríamos los participantes que hemos sido irregularmente excluidos“.
