Frustración. Ese es el sentimiento de los policías que día sí, día también se encargan de buscar a los menores fugados y devolverlos a sus centros para, a las pocas horas, repetir la fuga. El juego del gato y el ratón que tiene poco de juego y mucho de
“La sensación de muchos compañeros es de impotencia ya que una vez que entregan al menor a su centro, se percatan horas después de que ya está de nuevo en la calle y en la misma situación de desamparo”, indican fuentes sindicales. “Y ésto ocurre de forma habitual, no excepcionalmente“, puntualizan.
¿Y por qué no se pone freno a estas fugas (o ‘no retornos’ como denominan desde Serveis Socials?) Fundamentalmente porque no son centros de reclusión, no han llegado ahí por haber cometido un delito. De ahí que sea imposible prohibir la salida de los menores. El director del IMAS, Javier de Juan, subrayó esta cuestión durante la comparecencia conjunta con Delegación de Gobierno y Fuerzas de Seguridad. “Los educadores no pueden retener a los menores, no son lugares como Es Pinaret”.
Sin embargo, desde los Cuerpos de Seguridad dejan claro que la responsabilidad de la educación, tutela y conducta social de los menores tutelados es, en última instancia del Govern o de los Consells. También de la disciplina para cumplimiento de normas.
Por ello, los efectivos policiales quieren poner negro sobre blanco en cuestión de competencias y en este sentido, los menores tutelados sólo son competencia de la Policía cuando perpetran algún delito o están en la calle en situaciones de peligro. “De hecho, gran parte de las intervenciones policiales referentes a menores se originan después de una fuga, lo cual es competencia suya, no nuestra”, inciden.
OPERACIÓN FETIA: UN ÉXITO POLICIAL TRAS LAS DENUNCIAS DEL IMAS
De hecho, desde Delegación de Gobierno han respaldado públicamente la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la labor de búsqueda y retorno de menores a centros así como en la investigación de explotación y abuso sexual a jóvenes.
El último ejemplo, la ‘Operación Fetia’ del Emume, de la Guardia Civil. A finales de noviembre el Instituto Armada detenía a tres personas por violar y prostituir a menores tutelados del IMAS en Palma, Calvià y Santanyí. A uno de ellos se le imputaba un delito de agresión sexual, a otro uno de inducción a la prostitución y corrupción de menores y al tercero, de todos ellos.
“O NOS IMPLICAMOS TODOS O EL PROBLEMA CRECERÁ”
Por su parte, la consellera d’Afers Socials, Fina Santiago, matizaba este miércoles sus declaraciones del Parlament en las que cuestionaba la implicación efectiva de la Fiscalía y la Policía en estos casos.
La consellera aclaraba que lo que quería decir es que Fiscalía no se implicaba en el seguimiento de los casos, no en las fases previas.
“En esta última fase (la de seguimiento) se hacen reuniones entre Govern, Consell, entidades implicadas y se repasa, menor por menor, la situación en la que están y la Fiscalía, aquí, no se implica”, ha puntualizado.
No obstante, ha mantenido el mantra del compromiso colectivo para atajar este problema. “O nos implicamos todos -Govern, Consell, fuerzas de seguridad, sistema judicial, entidades y medios de comunicación- y lo perseguimos de forma constante o este problema puede crecer“, ha dicho.
Además, Santiago ha recalcado que no sólo Baleares sufre esta lacra. “Es aquí donde ha salido a la luz pero lo tienen muchísimas comunidades autónomas”.
