Racionalizar y reordenar el sector del juego y de las apuestas de manera sólida y con seguridad es el objetivo de la suspensión de la apertura de nuevos establecimientos de juego en las Illes Baleares durante los próximos dos años, y que supone una de las medidas más contundentes de las que se han presentado en todo el Estado. Así lo ha asegurado este jueves el vicepresidente y conseller de Transició Energètica y Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, durante la comparecencia en la Comisión de Economía del Parlamento de las Islas Baleares.
Yllanes ha explicado que, aunque este será un proceso largo y en el que se dará voz a todos los actores implicados, hay una serie de objetivos ya marcados como la instauración progresiva de la tasa de reposición que vinculará las nuevas licencias a la baja necesaria de otras previas. Por tanto, una vez se aplique esta tasa de reposición la proliferación de salas de juego quedará controlada. En este sentido, el decreto de planificación al que obliga la suspensión de nuevas licencias determinará cuántas bajas harán falta para cada nueva alta.
También se estudiará el aumento de las distancias mínimas entre establecimientos de juego y centros escolares, centros de salud u otros espacios de gran afluencia por parte de menores de edad, y se propiciará la colaboración con la comunidad deportiva para trabajar en favor de la desaparición de la publicidad del juego y las apuestas en eventos y actividades deportivas. Además, se llevarán a cabo importantes campañas informativas para que la ciudadanía tome conciencia del riesgo de afecciones negativas que se pueden derivar del consumo de servicios de apuestas y juego.
Por otra parte, el vicepresidente ha explicado las medidas que ya se han materializado desde principio de legislatura como la creación del Observatorio del Juego en Línea, que ayer mismo presentó un estudio sobre la incidencia de la publicidad del juego al deporte. Pero también el refuerzo de los servicios de inspección de juego, verificación de la publicidad en los espacios públicos, diseño de tareas de control de la oferta en línea y una coordinación fluida y coordinada con los agentes sociales y los colectivos afectados.
