La convalidación del nuevo decreto ley en materia de vivienda por parte del Parlament de Catalunya obliga a inversores y propietarios de más de 15 viviendas a proporcionar un alquiler social durante cinco años o siete años, según el caso, a sus inquilinos si llevan habitando en la vivienda al menos 6 meses.
El sector inmobiliario ha mostrado su preocupación porque supone alimentar la ocupación de las propiedades.
Las políticas actuales intentan regular el mercado para evitar excesos (en los precios del mercado) como en los defectos (como en la oferta de alquiler asequible). Según algunas voces del sector advierten que esta ley podría acabar en los tribunales porque puede resultar perjudicial, ya que el propietario de una vivienda podría quedar completamente desprotegido.
Desde Menorca (y no solo aquí) se mira con interés el recorrido de esta norma en Cataluña puesto que según se resuelva podría también llegar a otras comunidades.
En este sentido, desde la patronal de inmobiliarias FIABCI creen que pueda suponer una pérdida de oportunidades por medidas de control que atraerá el efecto contrario al previsto: habrá menos promociones y aumentará el precio de la vivienda libre por los esfuerzos que supondrá la promoción de VPO obligatoria por parte del promotor privado.
