“Podríamos decir que hemos superado la primera fase de crisis aguda, -fase de urgencias por falta de previsión-, pero la crisis no ha acabado ni parece que lo vaya a hacer pronto. Es necesario, por tanto, afrontar cuanto antes una planificación sanitaria para lo que viene: es preciso plantear las hipótesis y los escenarios sanitarios que nos podemos encontrar cuando se produzcan el relajamiento de medidas, el fin de confinamiento y la apertura del mercado turístico; valorar las necesidades que tendremos en cada uno de los escenarios; y prepararse y dotarse de recursos para responder a los brotes que surjan y mantener, al mismo tiempo, la asistencia sanitaria ordinaria que ahora mismo está suspendida”. Así comienza el escrito que los miembros del Sindicato Médico de Baleares, SIMEBAL, ha remitido este lunes a la Presidenta del Govern balear.
Desde SIMEBAL consideran que “el Servei Balear de Salud no cuenta con una planificación de recursos humanos. Las leyes sanitarias exigen, desde el año 2003, la elaboración, en todos los servicios autonómicos de salud, de un PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, que garantice una plantilla adecuada para asegurar la eficacia y eficiencia del servicio público sanitario, así como la estabilidad, desarrollo y distribución de la misma. Pero el IBSALUT no cuenta con el exigido Plan de Ordenación de Recursos Humanos, artículos 12 y 13 Ley 55/2003. Al contrario, padece una desorganización endémica, falta de profesionales y una tasa de temporalidad de más del 30%. No se puede encarar una crisis en estas condiciones”.
Señalan que, por lo que respecta al colectivo médico, “se arrastra una tasa irregular de temporalidad de entre el 30-40%, según la especialidad, se ha normalizada la jornada de 48 horas en el ámbito hospitalario, se contrata de ordinario a personal sin titulación homologada y se abusa de las peonadas. Todo ello en una situación de déficit estructural de profesionales, que provoca las largas listas de espera que tanto perjudican a la población”.
Por esto, desde el SIMEBAL instan “a la Administración sanitaria a realizar de manera urgente una planificación eficiente, realista y transparente de las necesidades de recursos humanos para los próximos dos años” y proponen algunas medidas que consideran urgentes:
- Información de listas de espera, actualizada respecto a la paralización de actividad ordinaria que ha provocado la crisis.
- Información de existencias de material para asistir al paciente COVID-19 (medicamentos, camas de hospital y de UCI, EPIs e infraestructuras específicas tipo UVACs, etc…) y previsión de existencias para los próximos 18 meses.
- Procedimiento urgente de consolidación de empleo temporal. En la CAIB hay cientos de profesionales médicos que llevan más de 5, 10 y 15 años en el mismo puesto de trabajo, con nombramientos temporales, a pesar de que han superado procesos selectivos similares a los del personal estatutario fijo. Estos profesionales han estado en el frente de la batalla y son imprescindibles para continuar en ella. No podemos ahora prescindir de ellos, ni infringir mayor estrés al sistema y a los profesionales derivados de esta irregularidad. ¡Hay que solventarla ya!
- Procedimiento urgente de homologación o habilitación de profesionales con titulación en otros países. La situación de este personal es igualmente gravísima y debe atajarse con medidas extraordinarias de homologación o habilitación claras y transparentes.
- Coordinación y justificación de la limitación de derecho laborales basadas en la crisis. Resulta imprescindible establecer un procedimiento y unas normas generales para la adopción de medidas que perjudiquen las condiciones laborales del personal: denegación de permisos, vacaciones, excedencias y reducciones de jornada, aumento de jornadas, disminución de descansos, etc… Se tienen que establecer unos criterios homogéneos a la hora de adoptar medidas restrictivas de derechos, que garanticen la debida ponderación y análisis de la necesidad y justificación de las restricciones y, especialmente, las circunstancias individuales del personal afectado.
- Compensación por la restricción de derechos y afectación a los profesionales. Deben establecerse cuanto antes las medidas de compensación por pérdida de derechos, mayor dedicación y riesgo y afectación a la salud de los profesionales.
- Contratación de todos los residentes al finalizar la evaluación. Es una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar.
