Prorrogar automáticamente las condiciones actuales de los ERTE de fuerza mayor como mínimo hasta el 30 de junio de 2020, condiciones como por ejemplo que no corra el tiempo de cotización mientras se cobra una prestación por ERTE de fuerza mayor o poder tener acceso a esta prestación aunque no se hubiera generado el derecho para percibirla. Esta es, entre otras, las medidas solicitadas por el Govern balear al Gobierno estatal, vinculadas a la tramitación de los ERTEs “para seguir manteniendo una red de protección a los trabajadores y trabajadoras, especialmente a aquellos que se verán afectados por estos durante la temporada turística”.
Otro aspecto apuntado es que ante la situación de desconfinamiento que se prevé, el Gobierno de España tendría que permitir la flexibilidad interna en los ERTE, tanto los que son de fuerza mayor como los de causas productivas, de forma que en aquellos casos en que las empresas consideren que puede haber la oportunidad de reiniciar la actividad, aunque después se tenga que volver a cerrar, se pueda hacer sin que esta apertura temporal tenga consecuencias.
En cuanto a las bonificaciones a las empresas de las cuotas a la Seguridad Social, el Govern expresa que el proceso de potencial descapitalización de las empresas aconseja que estas bonificaciones lleguen al 100 % por parte del Estado.
Un quinto punto acordado por el Consell de Govern este viernes es pedir una especial sensibilidad para el caso del sector turístico, mediante bonificaciones especiales a la Seguridad Social del 100 %, mientras no se recupere la actividad ordinaria, y garantizar la protección económica de los trabajadores y trabajadoras del sector, puesto que este se enfrenta a restricciones más grandes en su desarrollo que otras actividades.
Estas limitaciones operan especialmente en los territorios insulares como las Illes Balears, lo que hace que deba ser una prioridad garantizar una protección especial de este sector, junto con todos los subsectores complementarios.
Finalmente, el Govern pide al Estado que permita la simplificación y agilización administrativa de los ERTE por causas productivas, siempre garantizando todos los derechos de los trabajadores y empresas. Igualmente, se recomienda mantener que el informe de la Inspección de Trabajo sea potestativo, siempre que se haga en el marco de acuerdo entre empresas y representantes sindicales.
