Més per Menorca quiere que el Consell Insular se enfrente al Govern balear para defender sus competencias ante la invasión de las mismas que supondría la aprobación del Decreto-Ley de medidas urgentes. De esta nueva normativa penden temas como la ampliación de hoteles en un 15%, aspecto que, desde Més per Menorca, se ataca ya que Josep Castells manifiesta que “es incomprensible que el PSOE quiera reactivar la economía como lo hacía el PP, consumiendo más territorio”.
Desde la formación ecosoberanista ya se impugnó el decreto porque en su disposición adicional novena incluía medidas que afectaban a la Ley de Presupuestos Generales de la CAIB para 2020 y según el Estatut d’Autonomia ningún Decreto-Ley puede modificar las cuentas de la comunidad.
Por otra parte, el partido denuncia que este decreto invade competencias tanto municipales como de los Consells insulars y que interfiere en la planificación territorial con la excusa del interés autonómico. Esto significa que su intromisión invade las pautas propias de cada isla sobre su modelo territorial. Además, las formas lejos de ser leales con el resto de instituciones, han sido opacas y sin consenso.
Aun así, en caso de que el decreto siga adelante con su tramitación, Més per Menorca incidirá para que el Consell Insular neutralice o reduzca en lo posible los efectos perniciosos de este modelo desarrollista sobre la isla. El Consell debe velar para proteger el modelo territorial y turístico que tanto ha costado consolidar como Reserva de Biosfera a lo largo de estos años.
Por ello, el partido menorquinista seguirá en su línea y trabajará para dejar sin efecto el artículo 7.5 del Decreto, que permite que los hoteles puedan crecer hasta un 15% su volumen. En Menorca, se trabajará para que este aumento porcentual quede desactivado.
Además, desde el Consell, en la medida de lo posible, se debe trabajar para restringir la aplicación del procedimiento urbanístico extraordinario previsto por el artículo 6.1 del decreto ley en actividades ligadas a la elaboración y distribución de energía, gestión de residuos o servicios de emergencia, evitando que este procedimiento se emplee para autorizar otros tipos de infraestructuras en suelo rústico, como por ejemplo los estacionamientos de vehículos de alquiler, o los almacenes e instalaciones de mantenimiento de embarcaciones . Todo esto compromete al Consell a limitar este artículo en cuestiones energéticas y de residuos dando paso a renovables, depuradoras, puntos verdes, estaciones de bombeo, depósitos antiincendio y otros aspectos necesarios para el tratamiento de residuos.
Igualmente conflictivo resulta la disposición adicional 1ª. Més per Menorca se opone a que el Consell Insular autorice cambios de usos en zonas turísticas para permitir viviendas de protección oficial, o equipamientos sociosanitarios o administrativos, porque esto representaría aumentar los problemas y romper el equilibrio establecido por el PTI. En este caso, el PTI creó una distinción bastante clara y de sentido común entre zonas turísticas y los núcleos tradicionales, es decir, donde la gente tiene que vivir, debe disponer de centros educativos, asistenciales, entre otros espacios. Cargarse esta distinción significaría acabar con la coherencia del modelo territorial de Menorca según Més. Las necesidades en vivienda protegida son absolutamente urgentes en la Isla, pero justamente para evitar la fragmentación clasista residencial es imprescindible que estos se construyen en los núcleos urbanos, y no en las zonas turísticas.
