Porque la mascarilla, de acuerdo a la evidencia científica, tiene una función preventiva. Porque al ser un recurso preventivo debe considerarse como producto de primera necesidad, al igual que lo es un medicamento o una vacuna. Y porque además, en el momento actual donde el 26% de la población de España está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, el gasto en este producto generará más desigualdades.
Estas son las razones que llevan a la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) a considerar que el gasto de las mascarillas por la crisis del coronavirus debería ser asumido por la sanidad pública “mediante la prescripción o la distribución que sea necesaria, sin que suponga detrimento en la economía personal o familiar para la población más vulnerable económicamente”.
La FADSP señala que el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, decretado por el Gobierno debería conllevar su gratuidad.
