La consellera de Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, se reunió este viernes por la tarde con la presidenta del Consell y los ediles de Menorca para darles cuenta de las nuevas medidas coordinadas desde el Govern para hacer frente a las infracciones que se venden detectando de la normativa sanitaria establecida para contener la pandemia de Covid-19. Las sanciones irán de los 100 euros las más leves hasta los 600.000 las más graves que pueden llevar incorporadas otras medidas como el cierre del local o de la actividad.
Se considerarán como muy graves la comercialización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto o evento en las que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención. También se incluye aquí el incumplimiento de los límites de capacidad o de número máximo de personas permitidas en establecimientos o actividades cuando éste produzca un riesgo o daño muy grave para la salud de la población. A tal efecto, se fijan como muy grave los incumplimientos que afecten a más de 150 personas. Otras acciones muy graves serán infringir prohibiciones relativas a la apertura de locales o tener habilitadas pistas de baile.
La presidenta del Consell, Susana Mora, y la directora insular del Gobierno del Estado, Isabel López, también han conocido de primera mano en esta cita los detalles de las iniciativas que implican la participación de las administraciones estatal, autonómica, insulares y municipales, así como el nuevo régimen sancionador específico aprobado hoy por el Consell de Govern.
La norma determina los procedimientos que se deben seguir, tipifica las infracciones, establece las sanciones correspondientes y centraliza el ejercicio de la potestad sancionadora autonómica en un único órgano.
La consellera ha apuntado que “se trata de establecer medidas unificadas y coordinadas que permitan agilizar la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores derivados de los incumplimientos de la normativa vigente para hacer frente a la Covid-19”. “No podemos permitir que la irresponsabilidad de algunos malgaste todo lo que hemos conseguido con el esfuerzo de todos”, remarcó.
Respecto a las infracciones y sanciones, se clasifican en leves, graves y muy graves.
Se gradúan teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción y las circunstancias concurrentes, atendiendo a criterios relacionados con la intencionalidad; la trascendencia del daño o perjuicio causado a la salud pública; el número de personas afectadas; el beneficio obtenido como consecuencia de la infracción; la reincidencia; la posición del infractor en el mercado, y la categoría del establecimiento o las características de la actividad.
Las infracciones leves se sancionarán con multas de entre 100 y 3.000 euros. Las graves costarán entre 3001 y 60.000 euros mientras que las muy graves podrán alcanzar los 600.000 euros. Además, se puede imponer el cierre del establecimiento o local donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad durante el plazo máximo de tres años, independientemente de si hay un cambio de titular. Cuando las infracciones se produzcan en un inmueble dado de alta como vivienda destinada a estancias turísticas, puede imponerse, además de la sanción, la prohibición de la comercialización turística de esta vivienda durante un tiempo máximo de 3 años.
