La instalación de duques de alba en el dique de Son Blanc para acoger barcos de hasta 190 metros de eslora cuando a “solo 45 Kms está el puerto de Maó que, sin tener que hacer ninguna obra pública nueva, acepta barcos de hasta 245 metros de eslora, si van dotados de impulsores transversales, o de 235 si no cuentan con esta dotación”, es una de las alegaciones que presenta el GOB Menorca al proyecto de ampliación del dique de Son Blanc que se encuentra en exposición pública.
El GOB señala que el objetivo de sus alegaciones es “usar con eficiencia las instalaciones portuarias de Menorca y evitar nuevas agresiones sobre zonas especialmente protegidas” ya que las obras en el puerto exterior de Ciutadella se realizarían en un Lugar de Interés Comunitario (LIC), por los hábitats que alberga, y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
El GOB detalla que “la ampliación del puerto se quiere justificar porque algunas compañías han mostrado interés en operar con barcos más grandes de los habituales… Hay que preguntarse cómo actuaría si esta demanda se produjera en el litoral peninsular. ¿Habilitarían inversiones públicas cada 45 Kms porque lo pide una compañía privada que no se quiere desplazar hasta el puerto que actualmente ya le puede ofrecer el servicio que requiere?”.
El GOB recuerda que hay legislación vigente que vela para optimizar las inversiones públicas. “La Ley 40/2015, dedicada al Régimen Jurídico del Sector Público, y que afecta a todos los niveles competenciales existentes en España, dispone en su artículo 140 que las Administraciones Públicas deben colaborar para lograr fines comunes. Establece que tienen la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones afectadas por una misma materia, que se ha de observar el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos y compartir el uso de los recursos comunes“.
Consideran que “el hecho de que Maó y Ciutadella sean puertos gestionados por niveles competenciales diferentes no es argumento para que se pierda la coordinación y la eficiencia en las actuaciones públicas, entre dos puntos que se encuentran a tan poca distancia física. Por lo tanto, se ha pedido que se analice y se someta a información pública la posibilidad de coordinar los dos puertos para poder optimizar los recursos públicos existentes, antes que hacer nuevos gastos públicos”.
Recuerdan que la obra prevista incorpora también “el encementado del fondo marino (en una zona habitual de posidonia) de 850 m2. Una intervención irreversible sobre el medio, que se plantea para evitar que los barcos puedan provocar algún socavamiento en el muelle de levante. Este problema se produce cuando los grandes barcos activan los hélices laterales de maniobra. Pero con las condiciones actuales, no hay peligro de vaciado del pie del muelle porque los barcos sólo pueden entrar de popa y no hacen virado lateral”. Por esto creen que se trata de una intervención prescindible.
En las alegaciones que se han presentado, se pide que, “más allá de valorar el efecto ambiental de la obra física planteada sobre el dique actual (que costaría más de 5 millones de euros), también se valore la mayor contaminación atmosférica que provocan los grandes barcos. Efectivamente, la mayor relajación de la normativa en mar abierto, hace que todavía se estén usando unos tipos de fuel que ya están prohibidos en tierra o dentro de los puertos, una regulación que pierde de vista que la contaminación del aire no queda confinada en el mar, sino que se desplaza entrega afectando de manera indiscriminada las personas que se encuentran en mar o en tierra, así como el medio natural terrestre o marino”.
Por estos motivos el GOB ha solicitado que, en la estrategia contra la crisis climática, “se fije un tiempo máximo para que los barcos que operan en el canal de Menorca deban hacerlo con gas, y que, en la transición, las tarifas que se pagan por uso portuario incluyan también el criterio del tipo de combustible usado, a fin de incentivar las innovaciones orientadas a reducir la contaminación de cada barco”.
El GOB también ha mostrado su preocupación “porque la construcción del dique de Son Blanc ha ido acompañada de un incremento del número de amarres en el puerto tradicional. Dado que ambas zonas forman parte de Red Natura, se pide que se elabore un estudio detallado de los hábitats existentes en toda esta área con el objetivo de elaborar un mapa de impactos submarinos, así como de identificar las oportunidades de llevar adelante actuaciones de restitución de degradaciones producidas por las actuaciones humanas”.
Consideran que un estudio de estas características debería ser realizado por algún estamento científico de prestigio y podría servir de pauta para programar, por parte de Ports de Baleares, una serie de intervenciones de compensación ambiental en las áreas de uso más intensivo.
