El acuerdo aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que el Gobierno central pueda usar los 14.000 millones de euros de superávit de las cuentas municipales sólo ha encontrado por ahora rechazo entre las formaciones políticas que se han manifestado. Este acuerdo aprobado por el voto de calidad del presidente de la FEMP, el alcalde socialista de Lugo, Abel Caballero, prevé que el Estado done 5.000 millones a los consistorios a fondo perdido y devuelva el total del dinero que recaude en un plazo de diez años. En Menorca, PP y las agrupaciones de electores como Ara Maó, Volem Sant Lluís, Entesa des Mercadal y similares ya han manifestado su negativa al acuerdo.
Para los populares es una decisión que divide al país y que vulnera el principio básico y la razón de ser de la federación que es la defensa del municipalismo. La presidenta Misericordia Sugrañes no duda en que el Gobierno ha ejercido una presión sobre los alcaldes del PSOE que participan en este órgano, como así demuestra el hecho de que la votación se haya aplazado en el seno de la FEMP en varias ocasiones por falta de apoyos.
Por su lado, las agrupaciones de electores de Menorca emitían este lunes un documento firmado por todas en el que tachaban la propuesta del Ministerio de Hacienda como “injusta e inaceptable”. Señalan que los recursos que han generado los ciudadanos en el ámbito municipal no pueden servir para financiar otras administraciones. Por todo ello reclaman que los ayuntamientos saneados puedan disponer plenamente de sus superávits.
Esto último implicaría la derogación de la llamada Ley Montoro aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy que bloquea el uso de los ahorros municipales de años anteriores y de los que ahora se apropiará el Gobierno central.
De todas formas la normativa final del uso de estos 14.000 millones todavía debe pasar por el trámite parlamentario en donde algunas formaciones quieren introducir cambios significativos.
