Dice el artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
La realidad es que a día de hoy las políticas de vivienda no son suficientes para atender la exclusión social creciente en un país azotado por las consecuencias económicas de la pandemia de COVID. Las viviendas de protección oficial son insuficientes, la mayoría están proyectadas sobre el papel pero no están construidas o acabadas.
Paradójicamente, hay una cantidad de inmuebles vacíos o infrautilizados. En algunas poblaciones se hizo un censo para conocer qué fincas no estaban siendo aprovechadas.
Ante esta circunstancia, están aumentando los casos de inmuebles ocupados. En un lado de la balanza está la necesidad de un techo y en la otra el respeto a la propiedad privada. Los servicios sociales tienen herramientas para actuaciones de urgencia, como viviendas puente para un caso puntual, pero en este momento incluso estas opciones no dan opción a nuevas peticiones.
Ahora Catalunya ha fijado por ley los precios de la vivienda. Eso se aplica en poblaciones donde se ha detectado un descontrol en el precio que fijan los propietarios a sus inquilinos, en lo que se denominan zonas de mercado de vivienda tensas. Esta decisión política ha sembrado también el debate de si no entra en conflicto con otros derechos que defiende la Constitución.
En Menorca las administración actúa desde el Institut Balear de la Vivenda (autonómico), el Departament d’habitatge (insular) y en coordinación con los ayuntamientos. Jornadas de sensibilización o oficina de atención aparte, faltan medios efectivos para limar las diferencias entre propietarios, inquilinos, okupas o familias con un pie en la calle. Las facilidades que la administración ha puesto para que los propietarios se animen a convertir sus inmuebles en pisos sociales no acaba de arrancar y urge una solución.
