Cinco días más tarde, la estadounidense Moderna situaba en un 94,5 por ciento el nivel de efectividad de su vacuna, y este miércoles Pfizer volvía a elevar el listón al anunciar una eficacia del 95 por ciento a partir de los 28 días posteriores a la primera dosis.
¿HABRÁ VACUNAS SUFICIENTES?
Para planificar a tiempo la compra y distribución de vacunas en el territorio de la UE, la Comisión Europea puso en marcha un sistema de adquisición anticipada cuando aún no se podía saber cuáles tendrían éxito, con el fin de asegurarse determinadas dosis de distintos laboratorios de Europa y Estados Unidos. En este sentido, la CE ha firmado ya, o tiene contratos previstos, con Pfizer-BioNTech (para adquirir 300 millones de dosis), con Moderna (160 millones), con AstraZeneca-Universidad de Oxford (400) y con Janssen Pharma-Johnson&Johnson (otros 400), así como con la alianza franco-británica Sanofi-GSK (300 millones de dosis) y con la alemana Curevac (405 millones).
Pese a lo avanzado de sus proyectos, Rusia y China no participan, por el momento, en este sistema de compra ni tampoco han presentado documentación sobre sus vacunas a la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
El portavoz comunitario en asuntos de salud, Stefan de Keersmaecker, no ha desvelado con quién negocia la Comisión, pero Bruselas espera contar pronto con acuerdos suficientes para vacunar a unas 900 millones de personas, más del doble de los 447 millones de habitantes de la Unión Europea.
¿LLEGARÁN A TODO EL MUNDO?
La logística que requiere alguna de las vacunas punteras parece dificultar su distribución universal. La de Pfizer exige para su conservación una temperatura inferior a 70 grados bajo cero, una circunstancia que complica el transporte y el almacenaje en países en desarrollo o zona rurales.
Por otra parte, tanto Pfizer como Moderna desarrollan vacunas basadas en la novedosa técnica del ARN mensajero, que introduce una secuencia con las instrucciones para generar anticuerpos. Ese uso de tecnologías sofisticadas puede encarecerlas y dificultar su distribución en países más pobres.
Para prevenir esos problemas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó, junto a entidades como la alianza GAVI, la plataforma COVAX, a la que contribuyen naciones con ingresos medios y altos para recibir vacunas equivalentes al 20 por ciento de sus poblaciones con la condición de financiar el acceso de países más pobres a una proporción similar.
Un total de 186 países se han unido a COVAX, que ha recaudado ya 2.500 millones de dólares y para la que 94 Estados financian la investigación de vacunas. Pfizer-BioNtech no figura en la lista de laboratorios que colaboran con la iniciativa, pero Moderna sí, a cambio de facilidades para su distribución en naciones pobres.
¿CUÁNDO EMPEZARÁ LA VACUNACIÓN?
Las previsiones más optimistas apuntan a enero para el inicio de una vacunación generalizada en Europa. La rusa Sputnik V ya ha empezado a ser administrada en su país, pero su demanda exterior es casi inexistente. Y los cálculos de la OMS sitúan en febrero el horizonte para una fabricación masiva.
La científica jefe de la OMS, Soumya Swaminthan, argumenta que, más allá de los alentadores ensayos ya anunciados, hace falta un seguimiento de los voluntarios participantes durante al menos dos meses y medio para comprobar el efecto de las vacunas en personas mayores, cuánto tiempo se conserva la inmunidad, y si se pueden administrar a usuarios con enfermedades preexistentes.
En España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, prevé que “a principios de enero” se puedan administrar las primeras dosis de un total de 20 millones, con las que poder inmunizar a 10 millones de personas.
Sanofi, Janssen, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Novavax, Moderna y Curevac son los siete fabricantes con los que España cuenta para esta adquisición de dosis, con el objetivo de que “alrededor de mayo” exista “un número suficientemente relevante” de vacunados para pasar a “un estadio diferente” de la enfermedad que “permita aligerar de forma sustancial algunas de las medidas restrictivas”.
En el mismo sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recalcaba este viernes que “una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada, con todas las garantías, en el primer semestre de 2021”.
¿QUIÉNES SERÁN LOS PRIMEROS?
Corresponde a cada país decidir cómo distribuir las vacunas entre su población, pero la Comisión Europea ha recomendado conceder prioridad a trabajadores esenciales como sanitarios o cuidadores de ancianos, a mayores de 60 años, a personas con problemas médicos que les hagan más vulnerables, y a colectivos socioeconómicamente desfavorecidos.
En el caso de España, un grupo de expertos ha elaborado un documento con la estrategia de vacunación destinado a concretar los grupos prioritarios. La previsión es que la propuesta sea aprobada el próximo martes por el Gobierno. El ministro Illa ya ha adelantado que la vacunación empezará, previsiblemente, por las personas con edad avanzada o vulnerables ante la Covid 19. A continuación, les seguirían el personal sanitario o en contacto con estos grupos. Illa también ha precisado que el criterio para la administración de las vacunas será “el mismo en toda España, e idealmente en toda Europa”.
En cuanto a la duración del proceso de vacunación general, la experta en Inmunoterapia Carmen Alvarez-Domínguez, investigadora de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), calcula que se puede prolongar hasta finales de 2021.
¿CUÁNTO COSTARÁN?
El precio que deberán abonar los ciudadanos europeos por las dosis de vacunas dependerá de lo que establezca cada país. En España, el ministro de Sanidad ha dejado claro que “serán gratuitas”. Otra cosa es el precio que deberán pagar la UE y los diversos Estados miembro. La Comisión Europea ha presupuestado unos 2.150 millones de euros para apoyar la conclusión de los acuerdos de compra anticipada, pero, según las fuentes consultadas, esos fondos incluyen también inversiones para ayudar a los laboratorios a aumentar sus capacidades de producción.
Las mismas fuentes precisan que esa cantidad debe distinguirse de las que pagarán los Estados por el pedido y la entrega de vacunas. Y eso dependerá a su vez de la cantidad de dosis y del precio de cada una. Ahí es donde la horquilla es muy amplia, según los laboratorios y la vacuna. Como ejemplos significativos, el precio de la vacuna que fabrique AstraZeneca puede oscilar para sus compradores directos entre 2,5 y 3,5 euros por unidad, mientras que el precio que habrán de pagar a Moderna rondará previsiblemente los 30 euros por dosis.
¿HASTA QUÉ PUNTO SERÁN EFICACES?
Aunque las autoridades sanitarias internacionales ven alentadores los porcentajes de eficacia en los ensayos dados a conocer por farmacéuticas como Pfizer o Moderna, aún es pronto para determinar su efectividad futura. Serán los datos finales los que garantizarán si la efectividad y la seguridad que prometen se ajusta a la realidad, según advierte la OMS.
Para ello, habrá que observar posibles efectos en pacientes durante al menos dos meses y, en función de la administración prevista de dos dosis en cada vacuna, comprobar factores como cuánto dura la inmunidad o cuál es su efecto en grupos geriátricos, los de mayor riesgo, porque los estudios intermedios se realizan con personas de mediana edad.
Aún se desconoce, además, si las vacunas inmunizan totalmente o solo disminuyen la gravedad de la enfermedad, tal como apunta el farmacólogo Joan-Ramon Laporte, fundador del Instituto Catalán de Farmacología. Por su parte, otra de las expertas, la doctora Álvarez-Domínguez, señala que “una cosa es lo que se prueba en individuos sanos, con unas condiciones, y otra es cómo funciona esa vacuna entre la población en general”. La cientifica precisa también que los datos de eficacia se publican en un estudio científico cuando concluye la investigación, aunque en este caso se hayan adelantado datos intermedios porque resultaban “prometedores”.
También el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García Rojas, puntualiza que, sin dudar de que los anuncios de las farmacéuticas son correctos, deberían haberse realizado a través de publicaciones científicas. A este respecto, García Rojas considera que “falta camino por recorrer” y defiende que habrá que definir “si esos perfiles de eficacia son los mismos para jóvenes, adultos o ancianos”. Por eso mismo, entiende que será “bueno poder elegir entre varias vacunas en función del grupo”.
¿SERÁ OBLIGATORIO VACUNARSE?
Cuando las vacunas protejan a un porcentaje de la población entre el 66 y el 75 por ciento se habrá logrado la inmunidad de rebaño, según el Ministerio de Sanidad, pero el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelaba que un 43,8 por ciento de los españoles no estaría dispuesto a vacunarse inmediatamente, frente al 40,2 por ciento que sí lo haría. Este rechazo ha aumentado 3,5 puntos en un mes.
Por tanto, ¿se ha planteado el Gobierno recurrir a una vacunación obligatoria? El ministro de Sanidad afirma que este escenario “no se puede descartar, pero no creo que haga falta”, ya que Illa está convencido de que “la ciudadanía va a reaccionar bien”.
También el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, recordaba tras conocerse los datos de la encuesta del CIS, que España cuenta con una de “las mejores coberturas de vacunación del mundo”, y confiaba en que los ciudadanos mantengan “ese criterio generoso” que hasta ahora ha hecho innecesaria la obligatoriedad.
Ahora bien, ¿habría cobertura legal en España para una vacunación obligatoria, llegado el caso? Sí, al amparo de dos leyes: una de abril de 1980, que modifica la Ley de Bases de la Sanidad de 1944, y otra de 1986, la ley orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Esta última legislación dispone concretamente que las autoridades sanitarias podrán adoptar los tratamientos precisos ante un “peligro para la salud de la población”, y facultan a aplicar las medidas “que se consideren necesarias” en caso de “riesgo de carácter transmisible” de una enfermedad contagiosa.
Por su parte, la ley de 1980, pensada para la viruela, la difteria y el tifus, autorizaba a imponer la vacunación para “todas las demás infecciones” ante un “estado epidémico”. Sin más regulación que esa, hay precedentes: en noviembre de 2010, un juez de Granada ordenó vacunar contra el sarampión a 35 menores por un brote epidémico.
Incluso en el caso de la Covid 19 ya hay una Comunidad Autónoma que ha dado el primer paso: el PP de Galicia, que gobierna en esta Comunidad Autónoma con mayoría absoluta, ha registrado este jueves en el Parlamento autonómico una proposición para reformar la ley de salud de 2008, que permitirá imponer multas mínimas de 1.000 euros a quien se niegue a ser vacunado.
