El Grupo Popular en el Consell de Menorca denuncia la inseguridad crónica que sufren las compañías de transporte de pasajeros por carretera ante la falta de una solución definitiva a los contratos. El próximo lunes 21, “in extremis”, el pleno del Consell de Menorca aprobará con la mayoría del gobierno de izquierdas una nueva prórroga para evitar la caducidad de los contratos que, de otra manera se produciría dentro de diez días (31 de diciembre).
Tanto la solución como la situación de provisionalidad que se ha cronificado en el tiempo afectan a todas las compañías prestatarias de servicio y a sus diferentes líneas: a la empresa Valentín Roca Triay, que cubre la conexión Maó-Fornells (y sus ramificaciones); la empresa Torres Allés, que abastece el servicio entre Maó y el Aeropuerto; la empresa de transporte regular TMSA que enlaza todas las poblaciones con los tradicionales “correos” y también a la empresa Torres Allés como concesionaria del servicio público regular entre Ciutadella y las urbanizaciones del término municipal.
Cada una de estas compañías se encuentra en una situación específica pero todas tienen en común la falta de resolución en la adjudicación de las concesiones y contratos de gestión de las líneas que se va demorando desde hace años y más años. El conseller Adolfo Vilafranca destaca como ahora, “in extremis” y cuando está a punto de caer la última hoja del calendario de 2020, el Consell va a parchear nuevamente el servicio de autobuses mediante un encargo de continuación de los servicios de transporte debido a que no es posible realizar más prórrogas. Esta figura no está contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público y obligará a realizar reconocimientos extrajudiciales de crédito por todo el importe del gasto del servicio, que se estima en 1,98 millones de euros para 2021.
Para el Grupo Popular no caben las excusas de la situación cierta y real que ha originado la epidemia de coronavirus y que ha ocasionado la pérdida de viajeros por parte de las compañías como consecuencia del confinamiento y de otras medidas de control sanitario, amén de la pérdida de trayectos turísticos. Entre marzo y junio de 2020 la caída de pasajeros se saldó en un 90 ciento por debajo del mismo período en el año anterior y entre junio y 31 de octubre se producía aún una pérdida del transporte regular del 66,234 por ciento y una pérdida absoluta de 882.134 usuarios.
Las circunstancias son reales y no se discuten desde la oposición, pero en todo caso considera que la situación de los últimos seis meses no puede servir de pretexto ni basta para enmascarar que el Consell de Menorca ha sido incapaz de dar estabilidad, dentro de las previsiones legales y adjudicaciones mediante concurso, a las compañías de transporte, como ha indicado el conseller Vilafranca.
Hay que destacar que en el mes de junio se aprobó el Plan Insular de Transportes, que establece incrementos de líneas y cifras de ocupación que no tienen en cuenta la situación actual provocada por la Covid-19. Sobre este aspecto, el Grupo del Partido Popular criticó que no se corrigiera el Plan cuando ya se conocían las consecuencias provocada por la crisis económica y sanitaria. Esta falta de adaptación del Plan ha sido una de las causas por las que no se han podido licitar las nuevas concesiones.
