Dos semanas más de cierre. El Govern anunciaba este martes al sector de la restauración su decisión de mantener la orden de clausura en base a su estrategia de desescalada progresiva y prudente, que en el caso de Menorca contempla mantener las terrazas abiertas al 75% de su aforo.
El director general de Promoción Económica, Manel Porras, aseguraba durante el encuentro que se trata de “una decisión difícil” pero que la prioridad del Govern es “velar por la salud pública” y tratar de asegurar la próxima temporada turística“.
Incidió en que la mejoría de los datos de incidencia acumulada de la Covid desde que se decretó el cierre de la restauración es menos acentuada en el caso de la presión sobre los hospitales, lo que hace necesario “esperar” y mantener la cautela.
LA HOSTELERÍA NO ES LA RESPONSABLE DE LOS CONTAGIOS
Sin embargo, desde la patronal Pimem insisten en que la hostelería no es la responsable de los contagios, “tal y como se está demostrando en otras comunidades, como Madrid, en las que se apuesta por controlar el virus sin hundir la economía“, indica Clemens.
“Nosotros no cuestionamos los datos sino la interpretación que se hace de ellos”, afirma. “La resolución del TSJ vasco dice que, con medidas de seguridad sanitaria y aforos controlados, nuestro sector no parece un elemento de riesgo cierto“. Así, desde Pimem aguardan la resolución al respecto del Alto Tribunal de Baleares y esperan que el caso vasco genere un efecto dominó en el resto del país.
¿MÁS CIERRE?: MÁS AYUDAS
Mientras tanto, el sector digiere la decisión del Ejecutivo de Armengol “con angustia” y espera consensuar una postura conjunta de cara a la reunión intersectorial que se celebrará este jueves en Palma.
De momento, la fecha anunciada para comenzar a levantar restricciones -el 1 de marzo- no entra dentro de sus planes. “Esperamos que entiendan que no podemos soportar otras dos semanas de asfixia. Están privatizando los efectos nefastos de la pandemia”, denuncia Clemens.
Por ello, reivindica un cambio en el calendario o directamente, más ayudas. “Los 1.500 euros por negocio que ofrecen no son más que propina”, asevera. Según los datos que manejan desde la patronal, cada restaurante pierde entre 5.000 y 20.000 euros al mes con el decreto de cierre total. ¿Y el take away? “Migajas”.
