El éxodo de funcionarios de Justicia se consuma. Desde esta semana los juzgados de Balears dispondrán de un 10 por ciento menos de trabajadores después de que los 137 que superaron el último concurso de traslado abandonen las islas con destino a la Península. El sindicato CSIF asegura que la solución del Ministerio ofrecida in extremis -200 euros extra- “no ha convencido a ninguno ni soluciona el problema estructural que sufrimos”. La situación, dicen, “es gravísima”.
Las alarmas saltaban la semana pasada. El sindicato CSIF anunciaba que un total de 137 funcionarios de Justicia de Balears abandonarían sus puestos a lo largo de esta semana después de superar el concurso de traslado a otros destinos de la Península.
Desde la Audiencia Provincial hasta el TSJIB, pasando por los de Penal, Instrucción, Contencioso-Administrativo, Mercantil, Primera Instancia, Violencia sobre la Mujer, Vigilancia Penitenciaria y Decanato, todas las unidades y áreas de la Justicia se verían afectadas por este movimiento masivo.
200 EUROS ‘IN EXTREMIS’ QUE “NO RESUELVEN NADA”
Por su parte, el Ministerio de Justicia salía al paso el jueves por la noche ofreciendo un complemento de 200 euros mensuales para intentar retener a los trabajadores públicos de las islas, aunque sin éxito.
“Ninguno ha aceptado”, explicaba el portavoz del sindicato Andreu Bou en EsRadio este lunes. “Ya habían dejado sus casas, hecho la mudanza y tenían los billetes comprados. El Ministerio llega tarde y mal”, incide.
Desde el CSIF argumentan que ni el salario -1.200 euros con casos que bajan a 1.000- ni el plus de insularidad -alrededor de 60 euros mensuales- son suficientes para afrontar el alto coste de vida del archipiélago. “Al no estar transferida la gestión de la administración de Justicia, en Balears se cobra 350 euros menos que en Madrid, Catalunya, Galicia o Andalucía. Así es imposible captar y fidelizar plantilla“.
300 FUNCIONARIOS “DE GOLPE” QUE ABANDONAN LAS ISLAS POR LAS CONDICIONES LABORALES
La historia comienza hace dos años cuando desembarcan en Balears alrededor de 300 funcionarios de golpe después de que el Ministerio de Justicia ofreciese todas las plazas de oposición a las islas.
Ya entonces el sindicato CSIF alertó de una futura “fuga masiva” de trabajadores públicos cuando expirase el plazo, dada la baja remuneración que ofrece la Administración de Justicia -de media, 1.200 euros mensuales con casos que bajan a 1.000 euros- y el alto coste de la vida en Balears. “Es del todo inasumible. Cuando ven una oportunidad de irse a otros destinos, se lanzan”, indica el portavoz del sindicato, Andreu Bou.
COLAPSO INMINENTE EN LA JUSTICIA DE BALEARES
Con el concurso de traslados, se producen 176 movimientos, de los cuales 137 se traducen en desplazamiento a la Península.
“A modo de ejemplo, Penal 8 de Palma -un juzgados con una sobrecarga y una saturación histórica- va a perder próximamente 10 funcionarios de golpe”, advierten desde el sindicato. Esta situación, avisan, será también grave en el edificio de Sa Gerreria, Manacor, Inca, Menorca e Ibiza.
“Todo este desastre lo ha provocado el mismo Ministerio de Justicia que sigue mostrando su desprecio hacia Balears”, afirma Bou. “Si los juzgados ya tenían una sobrecarga de trabajo, ahora se espera un colapso importante“.
