El inicio de expropiación de 23 viviendas privadas en Menorca de grandes propietarios para destinarlas al alquiler social ha levantado numerosas críticas de sectores inmobiliarios contra el Govern balear por utilizar una figura tributaria “cuando deberían haberse explorado otras vías”. Tanto la Asociación de Servicios Inmobiliarios como los Agentes de la Propiedad y Propietarios de Viviendas de Alquiler han rechazado rotundamente la expropiación y recuerdan que el gran problema de la falta de vivienda pública es que durante años las instituciones públicas “han recaudado mucho dinero con el sector inmobiliario pero la reinversión ha sido nula”. En todo caso están convencidos de que los grandes tenedores recurrirán esta decisión que consideran “un claro intervencionismo que redundará negativamente en futuras inversiones extranjeras”
El Govern procederá a expropiar 56 viviendas de grandes propietarios en toda Balears, casi la mitad de ellas en nuestra Isla, inscritas en el registro oficial, con un coste total de 1,8 millones de euros, por un plazo de siete años. Este precio supone una rebaja del 40 por ciento respecto a los precios de mercado en Balears, con una media de 391 euros mensuales por vivienda.
El anuncio oficial de esta medida ha levantado las críticas de sectores inmobiliarios que consideran un despropósito utilizar la expropiación para generar vivienda pública. El presidente de la Asociación de Servicios Inmobiliarios (ABSI), Toni Gayà, ha salido al paso de esta iniciativa del Govern al declarar que “me sorprende que un gobierno que se autocalifica ‘de la gente’ sea el que más ha prohibido y ahora se dedique a expropiar. Existen otras muchas vías antes de llegar a la expropiación. Por lo que se ve, aquí explotamos la cultura de lo fácil: se expropia y ya está”.
Gayà se muestra contundente al señalar que “aquí no estamos hablando de expropiaciones para el bien común, sino para el bien político. No se puede privar de sus derechos legítimos a sus propietarios. Lo que ha pasado en Baleares es que no se ha hecho nada en materia de vivienda pública y si no se incentiva a los promotores, no se harán viviendas sociales. ”
El máximo responsable de Habsi asegura que estas expropiaciones “van a generar inseguridad jurídica, a lo que hay que sumar que muchos fondos de inversión dejarán de invertir en las islas por temor a una expropiación”.
Toni Gayà concluye indicando que “lo que estamos viviendo ahora es pura propaganda política y lo que está claro es que cuando la banca saque la artillería y empiece a poner demandas, ya veremos. El problema es que estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Se deberían consensuar estas cosas, no actuar a la tremenda”.
API BALEARES: NULA REINVERSIÓN EN VIVIENDA SOCIAL
En términos similares se ha manifestado la presidenta de la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Natalia Bueno, cuando concreta que “aquí estamos hablando de viviendas que llevan más de dos años cerradas y que solo producen gastos pero lo que no se puede hacer es obligar a un propietario con una ley cuando existen otras muchas medidas”.
Entre estas medidas se encuentran, según Bueno “incrementar las ayudas para la rehabilitación de viviendas, duplicar el IBI para las viviendas cerradas o como hacen en Dinamarca que es prohibir los pisos vacíos, pero no expropiarlos”.
Para Natalia Bueno el verdadero problema estriba “en la falta de inversión en vivienda pública. Estamos a la cola de Europa. Aquí se ha recaudado mucho por inmuebles y la reinversión ha sido nula”.
La presidenta de la API sostiene la inutilidad de esta intervención: ¿Entonces por qué no se interviene en el precio de la gasolina, o del pan que también son necesidades básicas. Se utiliza la vía fácil y populista”, resalta.
“MEDIDAS POCO EFECTIVAS”
Además de estas dos entidades, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha considerado que la decisión del Govern de expropiar 56 viviendas de grandes propietarios en Balears es “un ataque a la propiedad privada”.
Asval ha indicado que la medida es “contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España”, similar al de otros países europeos.
Este tipo de medidas, según Asval, “generan mucho ruido pero no son efectivas y provocan siempre una reducción de la oferta de vivienda disponible”.
