El parque automovilístico de Menorca no difiere mucho del de otros lugares en cuanto a la proporción de vehículos que se mueven con combustibles fósiles. La irrupción de alternativas como el GLP, los híbridos, los 100% eléctricos resultaron cuotas (lo son aún hoy) tan pequeñas que no dejan de ser casi anecdóticas. Pero aquí está la Ley del Cambio climático, que es una manera de decir; “esto iba en serio”.
Los últimos planes de ayuda estatal para la compra de vehículos apuntan a modelos eléctricos. Es tan importante aprovechar la ocasión para que una subvención nos acabe de convencer para pasarnos a lo eléctrico como la otra parte; la de retirar de las carreteras los coches más contaminantes.
Para ayudar a esto último hay fecha límite. Y está a la vuelta de la esquina. Los vehículos diesel serán los primeros en salir de la calzada.
Detrás del volante del cambio hay en la capital española algunos nombres que nos son bien conocidos como Joan Groizard, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía o Marc Pons, jefe de Gabinete del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Los primeros anuncios de cambio en la movilidad no gustaron al sector de la automoción pero parece que las críticas no son tales. Quizás porque Europa condiciona mucha de la inyección económica para la construcción del futuro con tintes verdes en los que no hay cabida para vehículos que produzcan CO2. En el calendario, hay algunos países que han anunciado que sus plantas de producción de vehículos dejarán de fabricar motores de combustión a partir de 2030. A todo esto, se suma el respaldo normativo que irá sembrando nuestro paisaje urbano de puntos de recarga.
Hoy, los coches que queman gasolina o gasóleo (la mayoría) generan el principal gas causante del calentamiento global que mantiene vigente el estado de alarma climática. El 29,1% de los gases de efecto invernadero en 2019 en España los generó el transporte. Las ayudas del denominado Plan Moves III, son una serie de incentivos para promover la compra de vehículos eléctricos puros, eléctricos de autonomía extendida, híbridos enchufables y de pila de combustible, así como a la creación de puntos de recarga. El presupuesto inicial son 400 millones de euros ampliables hasta 800. Estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.
