La consellera Rosario Sánchez ha firmado la orden por la que se dictan las normas para la elaboración de los nuevos presupuestos y que ha sido publicada este sábado en el BOIB. El Govern ha empezado, de este modo, la preparación de los presupuestos para avanzar en este proceso en un escenario presupuestario pendiente de la concreción del marco de reglas fiscales para el año próximo y de las previsiones estatales de distribución de recursos del sistema de financiación autonómica.
En un contexto marcado por la COVID-19 y sus consecuencias, los presupuestos se han iniciado desde la convicción de la importancia de disponer de un “sector público robusto, eficiente y eficaz para poder responder a las expectativas de bienestar y progreso, en armonía con el entorno”, y de mantener la acción coordinada y la cohesión social mostradas hasta ahora ante la amenaza común de la pandemia; teniendo en cuenta que se deberán mantener “el refuerzo y la priorización de las políticas públicas orientadas a la plena recuperación económica y social”.
El Govern ha considerado que las finanzas autonómicas continuarán afectadas de manera directa y significativa por la pandemia en el 2022 y también por otras circunstancias derivadas de la COVID-19 de forma indirecta, y que el escenario presupuestario está condicionado por varios factores.
Por un lado, se tienen que concretar las reglas fiscales y la posibilidad de posponer nuevamente su aplicación estricta en las administraciones públicas del Estado, una vez la Comisión Europea ha propuesto mantener activada la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para el año 2022.
Mientras que, por otro lado, se han de comunicar las previsiones del sistema de financiación autonómica para el año próximo, cuestión sobre el que el Govern balear ha defendido que se apliquen medidas compensatorias para neutralizar el impacto negativo que la liquidación de 2020 pueda tener en 2022.
Hasta ahora, la Administración del Estado, a cargo de un mayor endeudamiento público estatal, ha adoptado medidas extraordinarias que han permitido mitigar el impacto sobrevenido de la pandemia en las finanzas autonómicas.
Tal y como recoge la orden, diversos factores condicionan el escenario presupuestario, como el nivel de ingresos tributarios vinculados a la recuperación económica y laboral, el nivel de gastos estructurales y el alcance de las nuevas medidas de apoyo fiscal y financiero a adoptar por parte del Gobierno de España, las cuales han resultado determinantes desde el inicio de la pandemia el año pasado.
Así, según el Govern, el plan proyectado en los presupuestos actuales de la Comunidad Autónoma para 2021 también ha resultado fundamental para atender los dos objetivos principales marcados para hacer frente a la COVID-19 este año, como son el refuerzo de las políticas de bienestar social y el impulso de la reactivación de la actividad económica.
Este año se han producido dos hechos especialmente significativos para el ejecutivo autonómico, el fondo estatal extraordinario que ha permitido activar la línea de ayudas directas a empresas y autónomos de las islas de 855,7 millones y el despliegue del instrumento de los nuevos fondos europeos Next Generation EU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
Este nuevo escenario a nivel tanto europeo como estatal ha generado “oportunidades” de transformación y reorientación hacia una economía “más sostenible, inclusiva y generadora de valor social”, un reto que el Govern ha asumido con el objetivo de favorecer una “época de gran dinamismo económico y social”.
“Más allá de los hitos macroeconómicos, el principal reto público consistirá en asegurar que la recuperación tenga efectos redistributivos y se extienda a todos los ámbitos de la sociedad, reduciendo las graves desigualdades sociales preexistentes y sobrevenidas por la pandemia, y desplegar decididamente la estrategia balear contra el cambio climático”, apunta la orden de la consellera.
Esta orden regula la elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos y también establece que las administraciones, los organismos públicos y sus entes instrumentales continúen velando para incorporar la perspectiva de género en sus políticas.
Además, como en los últimos años, se ha de promover una evaluación integral de todas las políticas relacionadas con la infancia; y se prevén instrumentos de participación ciudadana que incorporó la Ley 12/2019 de consultas populares y procesos participativos.
