“Somos conscientes del cansancio de las plantillas de policía local desde el 14 de marzo de 2020 y somos conscientes de que necesitan un descanso. Por este motivo, se ha creado la figura COVID: no para suplir el trabajo de los policías locales, sino para que puedan hacer de manera ordinaria su trabajo y que aquellas tareas relacionadas con el control de la normativa COVID se haga por parte de los agentes COVID“, señala la consellera balear de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido. Por esto, se ha realizado una convocatoria extraordinaria del Fondo de Seguridad Pública, con 1,3 millones de euros de presupuesto, para financiar el coste del personal contratado como agente COVID, así como los gastos derivados de la contratación de servicios de seguridad privada para llevar a cabo tareas de control de accesos y de vigilancia en relación con el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria.
El presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (FELIB), Antoni Salas, ha expresado que los ayuntamientos evalúan positivamente este Fondo, puesto que constituye una ayuda para poder sacar adelante “el control de esta situación tan complicada. Quiero agradecer que podamos incluir gastos realizados desde el 9 de mayo de 2021, gastos que ya hemos tenido que asumir, y también agradecer que los criterios de reparto de este fondo extraordinario se hubieran pactado con la FELIB”.
La selección de los agentes COVID se ha hecho mediante un procedimiento de concurso, con los listados de aspirantes que se han presentado a las diferentes oposiciones de policía o bombero celebradas los últimos cinco años. Se gestionarán desde una bolsa centralizada en la EBAP, a la que podrán acceder los ayuntamientos. En estos momentos, hay 145 aspirantes para las cuatro islas.
La consellera ha manifestado que a 12 de agosto hay más de 35.000 actas registradas. Existen, también, 3.004 expedientes en tramitación, 1.410 de los cuales son por faltas leves, 1.548 por faltas graves y 46 por faltas muy graves.
Las propuestas de sanción de expedientes en tramitación tienen un valor de 8,24 millones de euros: en Mallorca, 6.462.054,02 euros; en Menorca, 218.276,00 euros; en Ibiza, 1.425.592,04 euros, y en Formentera, 140.775,00 euros.
Debe tenerse en cuenta que la cuantía total de las sanciones impuestas que se llegará a cobrar se reducirá si los afectados pagan voluntariamente por adelantado. A fecha de ayer, se han cobrado 368.720,11 euros, de los cuales 354.298,20 euros corresponden a pago voluntario antes de la imposición de la sanción, y 14.421,91 euros a pago voluntario después de la imposición de la sanción.
