Según el VIII Informe sobre Cibercriminalidad, elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad, desde 2016 los delitos tecnológicos aumentan progresivamente su peso proporcional en las estadísticas globales sobre criminalidad.
Así, hace cinco años suponían el 4,6 por ciento del total de delitos conocidos en el conjunto del país, mientras que en 2020 representaron el 16,3 por ciento.
Concretamente, en las islas el fraude informático, con 10.879 casos detectados el año pasado, constituye nueve de cada 10 ciberdelitos. Otro 4 por ciento corresponde a casos de amenazas y coacciones, con 465 casos durante el último ejercicio.
Otras categorías relacionadas con la ciberdelincuencia son la falsificación informática –con 169 denuncias el año pasado en Balears-, el acceso e interceptación ilícita a sistemas tecnológicos -156 casos-, los delitos sexuales por medio telemáticos -52 casos- y la interferencia en los datos y en el sistema -40 casos-. Además, se contabilizaron en la comunidad autónoma en el mismo período un total de 34 ciberdelitos contra el honor y otros 5, contra la propiedad industrial e intelectual.
PERFIL DEL CIBERDELINCUENTE
El informe del Ministerio de Interior señala que el perfil general en España del ciberdelincuente es el de un hombre de entre 26 y 40 años de edad y de nacionalidad española. Catalunya, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las zonas que concentran mayor número de estas infracciones penales.
Durante el año pasado también se reportaron 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas, que son un 5,2 por ciento más que en 2019. Según la información registrada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), el mayor número de incidentes afectó a los sectores tributario y financiero (52,5%), seguido del transporte (24%) y la energía (14%).
