Cuando en marzo de 2020 mirábamos con temor la llegada de una pandemia de procedencia china, las calles de Menorca se llenaban de tractores reclamando atención. La situación que pasaban los payeses era muy complicada. Hoy no solo no ha mejorado si no que se está complicando por momentos. Ahora el aumento de los costes de la energía vuelve a cercenar los intentos de hacer productivas las fincas.
En la lucha diaria por sobrevivir, muchas fincas se están replanteando el futuro. El mercado de la leche se paga muy mal y, aunque la reciente ley del sector debería prohibir que se paguen por debajo de los precios de coste, el diferencial no es una garantía para la subsistencia de muchas explotaciones.
A los costes de producción se añaden otros como el de transporte, almacenamiento o empaquetamiento, que explican el incremento entre el precio en origen y el final. El cálculo de los costes de producción que puedan elaborar entidades independientes, comunidades autónomas u otros órganos se puede utilizar como referencia, pero en ningún caso debe ser el que se tenga en cuenta, puesto que cada agricultor tiene sus propios costes de producción y no se pueden fijar precios mínimos.
El Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación (MAPA) reaccionó el año pasado elaborando una guía de preguntas y respuestas sobre la ley de la cadena, y con referencias de costes variables e información actualizada del proceso de formación de precios en el sector. De hecho, el pasado día 10 hubo una reunión entre el sector lácteo a nivel nacional y el Ministerio. En ella se abordó la situación por la que atraviesan muchos ganaderos del sector lácteo que, de acuerdo con los datos del Observatorio de la Cadena, difícilmente pueden cubrir los costes de producción que soportan, situación que se ha agravado en los últimos meses, como consecuencia del incremento de los costes energéticos y de los piensos destinados a la alimentación animal.
El compromiso del Ministerio fue la aplicación de las disposiciones relativas a los costes de producción y la no destrucción de valor en la cadena, cuya inspección corresponde a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).
Actualmente se tramita el proyecto de Ley de modificación de la Ley de la Cadena, actualmente en el Senado, que se espera pueda ser aprobada a lo largo del mes de diciembre. Hay aspectos que no están regulados en la ley de la cadena como los contratos legales de servicio de otros operadores, como el de almacenamiento, en tanto están excluidas de las obligaciones entidades asociativas como las cooperativas y sectores como la hostelería y la restauración.
Los agricultores y ganaderos de Menorca suman siempre el hándicap de la insularidad a cualquier mejora que se pueda hacer a nivel estatal, pero aún así advierten que la tardanza en resolver el aumento de los costes puede dinamitar el sector agrícola y ganadero de la isla.
Al revisar la evolución de la economía de la isla se deduce un cambio de sector primario a terciario, adaptando muchos “llocs” a una doble vertiente de explotación agraria o ganadera con alquiler de habitaciones como agroturismo. En otros casos, desaparece la función de explotación agraria para vender el lote a un inversor que lo reconvierte en otra cosa. Los casos más conocidos son los que han recuperado el abandono de antiguas fincas ganaderas para apostar por el cultivo de viña. Esto podría continuar así en el futuro puesto que este camino, asociado a un turismo de alto poder adquisitivo, resulta más rentable que el duro trabajo del campo. Sin embargo, fuerza a la desaparición de un estilo de vida que está asociado a nuestra cultura y a un mantenimiento del paisaje menorquín que nos identifica.
