Cambian las normas y no lo hacen en el buen sentido. Eso es lo que han expresado estos días desde la “Junta de Personal docente no universitario de Menorca”. Según exponen, el nuevo reglamento otorga al director/a del centro las funciones que hasta ahora correspondían a los miembros del equipo directivo. Es decir, que si el director lo considera oportuno, ahora podrá delegar sus atribuciones en las jefaturas de estudios o en las secretarías de escuelas e institutos.
Otro de los puntos discrepantes son las similitudes en las expresiones y las formas a una empresa privada. Los docentes creen que esto convierte al director o directora en un perfil que se asemeja más a un jefe de personal que a un miembro más de la comunidad educativa.
Un poder excesivo a los directores de los centros podría significar la pérdida de decisión del claustro. Siguen apuntando; “Consideramos, además, que se incluyen puntos que empeoran significativamente las condiciones laborales de los docentes, como por ejemplo, el aumento de horas de permanencia en el centro y que no deberían estar incluidas en el Reglamento (ROC), sino que se deberían regular mediante las instrucciones de organización y funcionamiento de centros.
El Pleno de la Junta se opone a la evaluación del profesorado que también aparece en el ROC. Ve bien una evaluación global del sistema educativo de carácter formativo, pero no acepta que ésta se utilice para establecer jerarquías entre el profesorado y para consolidar diferencias salariales”
Otros temas a los que afecta el nuevo reglamento son el marcado horario en los centros educativos o los perfiles de las plazas docentes. Aunque valoran de forma positiva la actualización de una normativa que es del año 2002, no admiten en modo alguno que esto se haga a costa de la democracia en los centros y de la igualdad entre los docentes.
Otro tema tratado es el de la presencia de la religión en las aulas. Aseguran los docentes que todas las religiones deben quedar fuera de los centros públicos, ya que la escuela laica debe fomentar espacios de diversidad, de aceptación de diferencias y de inclusión. Considera que lo que forma parte de la esfera privada e íntima de las familias y de los lugares de culto no debe invadir los espacios públicos que son de todos. El Pleno de la Junta expresa también su desacuerdo en el establecimiento de medidas que segregan al alumnado, esta vez en función de las creencias de su familia.
Además, con el agravante de la introducción de nuevas religiones en los centros públicos, se afianza un hecho que siempre ha ido en contra de la Constitución, que define a España como un estado aconfesional. Dicen los docentes; “Ahora ya no sólo será así, sino que pasaremos a formar parte de un estado multiconfesional. La Junta de Personal se afianza, una vez más, en la necesidad de una escuela pública laica, de calidad, inclusiva, que imparte conocimientos universales científicos aceptados de forma general, no basados en revelaciones o inspiraciones particulares y que desarrolla el razonamiento como facultad específica humana y la capacidad de crítica; respetuosa con la diversidad, compensadora de las desigualdades, alejada de los dogmas de las religiones y que no fomente la segregación de niños y jóvenes”
Respecto a la financiación destinada a educación para el próximo año, dicen que una de las carencias del curso actual es la falta de profesorado de apoyo, así como de profesionales para la atención a la diversidad, con el agravante del restablecimiento de unos ratios anteriores a la pandemia muy altas. Recuerdan además que el anteproyecto de ley de la LEIB, en su disposición adicional decimocuarta, habla de destinar un 5% del PIB a educación en un plazo de ocho años. Todos los sindicatos de la Junta de Personal han presentado enmiendas exigiendo el aumento de este porcentaje.
Los docentes denuncian que, mientras la presidenta Francina Armengol recomienda subir los sueldos de todos los trabajadores, no hace lo mismo con los trabajadores públicos, como es el caso del profesorado del enseñanza pública. Por eso reclaman el pago con carácter retroactivo del 2,9% de incremento de las retribuciones para el profesorado de la enseñanza pública, tal y como aprobó en su momento el Consejo de Ministros del Gobierno del Estado.
Por último, el Pleno de la Junta expresa su desacuerdo por la vuelta a los ratios anteriores a la pandemia, decisión que considera del todo desafortunada puesto que consideran que deberían haberse mantenido los ratios del pasado curso.
