Es posible. Ese es el mensaje que se repiten aquellos que han llevado una lucha continuada para reclamar una mejora de las pensiones a lo largo de este 2021 que está a punto de acabar. Gobierno, patronal y sindicatos son capaces de alcanzar acuerdos del calado de la reforma laboral que, en estos últimos días del año, han sentado las bases para evitar la precarización de los contratos temporales.
En ese sentido se plantean si se podrá conseguir también una mejora sustancial de la reforma que otorgue pensiones dignas para un futuro presente que se advierte complicado.
Por un lado, el Gobierno, según avanzaba la prensa económica, quiere impulsar la contratación de planes de pensiones en el ámbito empresarial, como alternativa a los tradicionales planes de pensiones individuales. La banca y el sector asegurador pretenden ayudar a desarrollar este proyecto, para lo que han remitido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una propuesta para crear una gran plataforma para que este tipo de productos se generalice y llegue a autónomos y a pymes. La iniciativa ha surgido en el ámbito de Inverco, la asociación de las gestoras de fondos y planes de pensiones, controlada por la banca, y ha contado con el respaldo de la consultora Deloitte.
Plantear el uso de fondos europeos para hacer viable esta idea, junto al origen de la iniciativa privada de esta idea, ha puesto en pie de guerra a quienes llevan años defendiendo el modelo público. La suma de las organizaciones que a lo largo de todo el país siguen mostrándose en desacuerdo con el Pacto de Toledo.
La base de las reivindicaciones de quienes se postulan por un modelo público pide subir las pensiones mínimas hasta equipararse al Salario Mínimo Interprofesional y que éste se sitúe en el 60% del salario medio. Además piden que se deroguen las reformas del 2011 y 2013 y que las reformas laborales de 2010 y 2012 (aquí es donde se ha avanzado algo).
En 2022, el ministro Escrivà va a tener que definir qué cambios se harán en el cálculo de las pensiones futuras, que sigue siendo unos de los grandes caballos de batalla para la Administración.
Desde las plataformas ciudadanas abogan por eliminar el denominado “factor de sostenibilidad” sin que otras formulas como el “mecanismo de equidad intergeneracional” ejerza una función a la baja de las pensiones. Aunque el Gobierno fuerza a subir la edad de jubilación, en la calle se sigue pidiendo que se mantenga en los 65 años (y no 67)
Vincular las subidas del IPC a las pensiones parece ser una fórmula válida y en camino, pero insuficiente. Algo que lleva mucha letra pequeña puesto que cada avance en la mejora de las pensiones lleva una contrapartida que se critica por parte de las plataformas, como por ejemplo,
cuando se habla de prohibir la jubilación forzosa de los convenios colectivos en edades inferiores a los 68 años.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) consiste en subir las cotizaciones durante diez años, con mayor peso por el lado de las empresas. Eso no gusta a la patronal. No ha faltado polémica para esta medida, que se considera insuficiente para el objetivo: cubrir el impacto en el sistema público de pensiones de la llegada de la generación del baby boom.
