Formar parte de un club como el europeo tiene grandes ventajas, pero nada es gratuito. Los rigurosos exámenes que hace pasar la UE a sus países miembros van encaminados a tener el listón bien alto en cuestiones como las profesiones reguladas, la energía o el clima.
En su paquete mensual de decisiones de infracción, la Comisión Europea emprende acciones legales contra los Estados miembros por incumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho de la Unión.
Estas decisiones tienen por objetivo garantizar la correcta aplicación del derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y empresas.
El primero de los toques de atención hace referencia a las denominadas profesiones reguladas. En este sentido la Comisión pide a España que garantice la correcta transposición de las reglas relativas al test de proporcionalidad. No es el único país a quien pone en la picota por esta cuestión.
La Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España y Letonia por no haber transpuesto correctamente la normativa de la UE relativa al test de proporcionalidad previo a la adopción de nuevas regulaciones de profesiones. Esta decisión es el resultado del inicio de procedimientos de infracción contra dieciocho Estados miembros en diciembre de 2021.
La Directiva exige a los Estados miembros que se aseguren que todos los requisitos que introducen para las profesiones sean necesarios y equilibrados. Según la Comisión, estos dos países no han garantizado que las evaluaciones de proporcionalidad contemplen todos los tipos de reglamentos, como los que adoptan las asociaciones profesionales.
La Comisión considera que España no ha asegurado las garantías procesales necesarias, como la objetividad de las evaluaciones y el recurso efectivo en lo que se refiere a las cuestiones reguladas por la Directiva. España dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión. En caso de no hacerlo, la Comisión puede decidir enviarles un dictamen motivado, que es algo así como un ultimátum.
Y hay más. En el mismo momento, la Comisión decide llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por una transposición incompleta de la legislación de la UE sobre protección radiológica.
La Directiva, que moderniza y consolida la legislación de la UE en lo que se refiere a la protección radiológica, establece normas básicas de seguridad para proteger a la población en general, los trabajadores y los pacientes de los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes.
También incluye disposiciones sobre la preparación y respuesta de cara a las emergencias, que se reforzaron a raíz del accidente nuclear de Fukushima. Los Estados miembros debían transponer la Directiva como tarde el 6 de febrero de 2018. En junio de 2021, la Comisión envió un dictamen motivado a España en el que le pedía que notificara a la Comisión sus medidas de transposición de la Directiva. Hasta ahora, la legislación nacional de transposición sólo transpone una pequeña parte de los requisitos de la Directiva y, por tanto, la Comisión remite a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
