El Parlament balear ha aprobado este miércoles una moción de Més per Menorca por la que, en el plazo máximo de tres meses, el ejecutivo autonómico tendrá que estudiar fórmulas sobre cómo limitar la compra de segundas residencias por parte de extranjeros.
Més per Menorca ha llegado a un acuerdo con los grupos que forman parte del Govern balear para intentar que el grupo de trabajo que se ocupe de estudiar este tema sea mixto, es decir, entre el Gobierno estatal y el Govern balear. “Sin embargo, el texto aprobado deja claro que si esto no funciona, y no se llega a constituir este grupo mixto, deberá ser el propio Govern de las Illes quien lo constituya unilateralmente de forma inminente”, destacan desde esta formación política.
El objetivo final de esta iniciativa es realizar un informe “para analizar qué normas impiden la compra de propiedades inmuebles por parte de extranjeros, para proponer alternativas, para estudiar los casos y experiencias que existen a nivel europeo e internacional y, finalmente, para extraer unas conclusiones aplicables a la problemática de las Illes”.
“En Menorca tenemos un problema grave de acceso a la vivienda”, ha asegurado la diputada de Més per Menorca Patricia Font, quien ha explicado que “durante los últimos años hemos detectado que cada vez hay más extranjeros interesados en comprar casas en Menorca, lo que dificulta que los menorquines y menorquinas puedan acceder a una casa a un precio asequible“.
La diputada ha recordado que “la vivienda es un derecho y no una mercancía” y ha insistido en que Més per Menorca “quiere garantizar que toda la ciudadanía de la isla tenga acceso a un lugar para vivir donde desarrollar su proyecto vital”.
