Lo que podría ser simplemente una piedra en el camino, podría ser también la pérdida de una oportunidad para que Menorca tenga la capacidad de gestionar asuntos medioambientales de gran relevancia en el futuro. La ley de la Reserva de la Biosfera está ahora encasquillada por las discrepancias de los socios de gobierno en el Consell Insular y a la asociación ecologista GOB Menorca le preocupa que esto impida que se llegue a aprobar en esta legislatura. Eso echaría por tierra todos los avances que permitirían (una vez aprobada) que Menorca tuviera la última palabra en temas como la gestión del agua o del control de la presión humana en playas o en el número de coches que pueden circular por la isla, como ya hace Formentera.
Ahora los partidos políticos de la primera institución menorquina han de resolver cómo consiguen hacer prosperar el texto, que se han encontrado con informes jurídicos en contra.
No obstante, según comentó el coordinador territorial del GOB Miquel Camps en Radio Menorca, hay vías civiles en las que se puede avanzar si es que no lo consigue la vía política.
Ya ha ocurrido antes. Frente a la voluntad de la mayoría de ciudadanos de generar un cambio en favor de la mayoría y cuando quien ejerce el gobierno político está limitado, condicionado o imposibilitado para hacerlo, existen vías legales para poner en marcha medidas de presión.
Proteger un espacio natural de especial interés ecológico frente a la especulación urbanística es, probablemente, un claro ejemplo. O también recuperar un camino litoral y su titularidad pública frente a la supuesta propiedad privada adquirida por el abandono o la desidia de la administración local a lo largo de los años. O también cuando un gran proyecto de energía renovable quiso construirse a costa de cubrir el entorno natural de una zona de Mercadal de nuevas carreteras, también en una zona sensible a nivel medio ambiental. O cuando el desarrollo previsto de una planta fotovoltaica iba en detrimento de un paisaje singular del norte de Ciutadella.
La protección natural de la isla ha sido uno de los elementos que más ha generado esta respuesta social, con una organización surgida desde la propia comunidad y que ha puesto freno al desarrollo de iniciativas que, aunque legales, tuvieron más en cuenta un interés particular o privado que el de sostenibilidad medio ambiental. Ahora los temas prioritarios son relativos, por ejemplo, a la gestión del agua, un recurso que hoy es importante y que más lo será el día de mañana. Actualmente la última palabra la tiene la Dirección General de Recursos hídricos de les Illes Balears. ¿Cómo se puede crear una entidad menorquina que gestione o que sea crucial en las decisiones relativas a la gestión actual y futura de este recurso?
