El Servicio de Inspección de la Dirección General de Prestaciones y Farmacias, dependiente de la Conselleria de Salut i Consum, realizó el año pasado un total de 243 inspecciones —la totalidad de las planificadas—, por lo que el grado de cumplimiento alcanza el 100 %. A raíz de estas inspecciones se impusieron un total de 166.500 euros en sanciones en materia de medicamentos y productos sanitarios en 2.021.
Corresponden, concretamente, a 7 expedientes que se iniciaron y resolvieron el año pasado (por un total de 136.500 euros), mientras que otro más (30.000 euros) se abrió a finales de 2020 y se finalizó en enero de 2021. Además, del importe total, 147.500 euros corresponden a sanciones de expedientes en los que se solicitó el pago reducido anticipado. Las sanciones se impusieron por incumplimientos en la normativa de farmacia y productos sanitarios, así como por deficiencias sanitarias detectadas por los inspectores de la Dirección General del Prestaciones y Farmacia.
Asimismo, a lo largo de 2021 se iniciaron hasta 15 expedientes, de los que 7 se resolvieron a lo largo del mismo año. El resto sigue en tramitación y está previsto que se resuelvan lo antes posible.
En 2021 el Servicio de Inspección de la Dirección General de Prestaciones y Farmacias realizó un total de 243 inspecciones —la totalidad de las planificadas—, por lo que el grado de cumplimiento alcanza el 100 %. Por el tipo de establecimiento, se distribuyen de la siguiente manera: oficinas de farmacia (155), fabricantes a medida de productos sanitarios (9), ventas de productos sanitarios sin adaptación (18), detallistas de medicamentos para uso veterinario (3), clínicas extranjeras (9), clínicas veterinarias (25), distribuidores de medicamentos (4), laboratorios farmacéuticos (3), centros sociosanitarios (12) y otro tipo de establecimientos (5).
Para realizar estas inspecciones se aplican protocolos adaptados a cada tipo de establecimiento. Dichos protocolos se elaboran, modifican o adaptan de forma periódica, con el objeto de adecuarse a las modificaciones normativas, los puntos críticos de inspecciones en los que quiere incidirse anualmente o a la necesidad de recoger datos informativos. Como novedad, durante el año 2021 se puso en marcha un plan de inspección de botiquines en estos establecimientos para comprobar si estaban adecuados a la normativa vigente, ya que están obligados a comunicar a la Administración la tenencia en su centro de medicamentos veterinarios.
También se han llevado a cabo inspecciones en centros sociosanitarios de menos de 100 camas donde se ha comprobado la gestión de los medicamentos en el centro y vinculado sus depósitos de medicamentos a una oficina de farmacia de la misma zona farmacéutica con el objetivo de mejorar la atención farmacéutica de los residentes.
