El Plan de Inversiones de Transición Energética de las Illes Balears (PITEIB), dotado con más de 233 millones, movilizará unos 630 millones de euros en la economía balear, debido también a la apuesta de este programa para que la transición energética sea el vector de la creación de lugares de trabajo de calidad y no estacionales.
El conseller balear Juan Pedro Yllanes ha explicado que este Plan no solo ayudará a blindar energéticamente las Illes Balears, debido al carácter de descarbonización, de implantación de renovables y de fomento de la movilidad eléctrica que tiene, sino que también servirá como diversificador del modelo productivo de la Comunidad Autónoma. En este sentido, el vicepresidente ha explicado que por cada euro público inyectado se moverán 1,7 euros privados, estimulando así los sectores productivos e industriales de las islas dedicados a la transición energética.
Yllanes ha recordado la importancia estratégica que supone la transición energética para el Govern, ya que con este Plan ha llegado la mayor oportunidad histórica de las Illes Balears para llevar a cabo una transformación necesaria, de forma socialmente justa y medioambientalmente responsable. Aún así, ha reconocido que todo el trabajo hecho no es suficiente, ya que en el proceso de transición energética, de descarbonización y de lucha contra el cambio climático es necesaria una acción conjunta por parte de las administraciones públicas, sectores económicos y productivos y la ciudadanía. Por ello, el vicepresidente ha apuntado que en este Plan se incluyen multitud de programas para hacer llegar estos fondos al conjunto de la población con el objetivo de hacerla partícipe de esta transición energética y acompañar a los sectores económicos en sus obligaciones establecidas en la ley.
Los principales frentes de actuación con la implantación y desarrollo de este Plan son: avanzar en la descarbonización del sistema energético balear mediante la implantación de energías renovables; conseguir un cambio de paradigma en la movilidad de las Islas, avanzando hacia un sistema más sostenible, electrificado y colectivo; impulsar la descarbonización del mar, área imprescindible en un territorio insular, mediante la electrificación de las instalaciones portuarias y la introducción de nuevos combustibles no contaminantes teniendo en cuenta que el transporte marítimo es uno de los sectores prioritarios; y aumentar la eficiencia energética, especialmente la de los grandes consumidores de energía como el ciclo del agua, para reducir el consumo de estas instalaciones.
El Plan de Inversiones para la Transición Energética se desarrolla en seis programas:
- El primero de ellos está dedicado a la creación de estas oficinas de dinamización para la transición energética.
- El segundo programa está centrado en la inversión en proyectos innovadores que puedan diversificar el modelo productivo (33,8 millones).
- El tercer programa destina 70 millones de euros a afrontar los retos de la insularidad, con la financiación de más de 2.000 puntos de recarga alimentados con energía solar, la promoción de sistemas de alquiler compartido o la promoción del transporte colectivo en zonas de alto valor ambiental. Hay que recordar que actualmente, las Illes Balears cuentan con un total de 880 puntos de acceso público, de los cuales más del 70 % (628 puntos) están integrados en la MELIB, red que el Govern anunció ayer que modernizará. De estos 628 puntos de la red MELIB, 485 se encuentran en Mallorca, 59 en Menorca, 70 en Eivissa y 14 en Formentera. El objetivo del Govern es superar el millar de puntos de carga en todas las Illes Balears en 2022. También se prevé acompañar la creación de zonas de bajas emisiones y actuaciones de descarbonización del mar.
- El cuarto programa destina 30 millones al impulso de proyectos integrales de autoconsumo en edificios con viviendas donde viven familias en situación de vulnerabilidad.
- El quinto programa destina 68 millones a ayudas para la generación de energías renovables y da prioridad al suelo urbano.
- Destacar la apuesta por la transición energética en la Administración de la Comunidad Autónoma, establecida en el sexto programa, que invierte 25 millones para lograr el objetivo de llegar al 35 % de autoconsumo en 2026.
