“La Audiencia Provincial de Palma acaba de fallar desestimando la denuncia, aunque acepta que existe una controversia jurídica“, informa el GOB Menorca sobre la denuncia que, por la vía penal, presentó contra el Ayuntamiento de Alaior por no darles acceso a los expedientes de los hoteles de Melià en Son Bou y las piscinas del agroturismo Torre Vella.
La organización ecologista señala que presentó la denuncia ante el “chocante” argumento municipal para denegar el acceso a los documentos de “que se trataba de un trámite no finalizado” sobre la que opina que se podría entender que “la ciudadanía no puede opinar hasta que las cosas están resueltas”.
Una controversia que la Audiencia acepta y ante la que el GOB ha aportado tanto legislación como jurisprudencia al respecto. La Audiencia, no obstante, considera que, en todo caso, “no se evidencia una actuación “grosamente contraria” a Derecho: “…en el caso de autos la Administración ha justificado su criterio en base a preceptos legales especialmente el art. 13 y 14 de la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y de acceso a las justicia en materia de medio ambiente y 14 de la Ley 12/2017 de 29 de diciembre de urbanismo de las Islas Baleares. El recurrente ciertamente ofrece otra legislación e interpretación jurisprudencial que podrían tener sentido distinguido. En definitiva, existe una controversia jurídica sobre el concreto momento en el que es posible el acceso a unos expedientes administrativos concretos. Resolución de conflicto que no corresponde resolver a esta Jurisdicción y que desde luego no evidencia una actuación groseramente contraria a Derecho”.
El GOB, que sigue interesado por los trámites que se están realizando para legalizar la reforma de los hoteles de Son Bou, informa que a principios del mes pasado había pedido de nuevo poder tener acceso al expediente de los hoteles, pero la respuesta recibida desde el Ayuntamiento es que “dado que se considera que la información solicitada afecta a intereses de terceros, se le advierte que se ha procedido a conceder un plazo de quince días al tercero afectado, a fin de que éste pueda realizar las alegaciones que estimen oportunas“. El plazo está a punto de expirar, por lo que el GOB se tiene “la esperanza de poder recibir una respuesta en breve”.
Piscinas de Torre Vella
Estos días han puesto en marcha también la nueva petición de consulta del intento de legalización de las piscinas ilegales.
