Palma, 26 jul (EFE).- El pleno del Parlament ha validado el Decreto Ley 7/2022 de prestaciones sociales de carácter económico de Baleares que incluye una disposición para aclarar que a los interinos que estabilicen plaza se les exigirá el catalán en 2 años o serán “removidos” de su puesto de trabajo.
El decreto, que consolida las prestaciones sociales tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital estatal y su agilización,y permite responder a situaciones de emergencia social y de vulnerabilidad económica, será tramitado como proyecto de ley (como han respaldado 51 votos).
La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha explicado que la inclusión de una disposición sobre la exigencia del catalán deriva de la preocupación de algunos grupos parlamentarios porque en el decreto aprobado para las convocatorias extraordinarias de empleo para estabilizar a interinos “parecía que no quedaba garantizado el derecho lingüístico de los ciudadanos que se quieran dirigir a la administración en catalán”.
La disposición validada este martes modifica ese Decreto ley 6/2022 de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de Baleares, que establecía que dada la excepcionalidad del procedimiento se les dejaría presentarse a los procesos de estabilización pero tendrían la obligación de presentar la acreditación de catalán en un máximo de dos años.
Con el decreto validado este martes, “en la sexta disposición se establece de forma muy clara que el funcionario que en dos años no haya acreditado el catalán será removido de su puesto de trabajo”, ha dicho Santiago.
El texto recoge que, si no acreditan el catalán, “estas personas serán removidas del puesto de trabajo por falta de adecuación a sus funciones, mediante un procedimiento contradictorio y oídos los órganos de representación del personal”.
La remoción supone “el cese en el puesto de trabajo obtenido en el correspondiente proceso selectivo y la pérdida de dicho puesto”. Además establece que estarán obligados a participar en todas las pruebas de catalán que convoque la EBAP y se obliga a la EBAP a promover cursos de catalán.
El grueso del decreto se refiere a las prestaciones sociales de carácter económico y deriva del que se aprobó en 2020 con el mismo nombre para adaptarse al Ingreso Mínimo Vital estatal, con la consideración de la Renta Social autonómica como subsidiaria, y la adaptación de las cuantías, “todo para favorecer o bien al ciudadano o la gestión administrativa”.
Santiago ha recordado que permitió dar una renta a 6.000 familias y posteriormente a prorrogarlas.
La consellera ha explicado que, ahora que el IMV tiene rango de ley y cierta estabilidad, es necesario este decreto ley porque mejora la gestión de la renta social y “beneficia a los ciudadanos de forma inmediata”.
Con el decreto actual, quienes solicitan el Ingreso Mínimo Vital tiene derecho a cobrar la renta social desde el día de solicitud del IMV y mientras se tramita; e introduce además la “declaración de urgencia social inmediata” para poder conceder ayudas directas.
La diputada del PP Marga Durán ha tildado de “escándalo descomunal” que el decreto incluya la moratoria del catalán para los interinos estabilizados porque a los partidos del Govern “no les gusta como quedó la redacción” en el anterior. Ha asegurado que el decreto validado este martes “no era necesario, y sí que lo era una ley de servicios sociales”.
El decreto ha contado con 32 votos a favor y 19 abstenciones, con el voto de los grupos del Pacte que apoyan al Govern, así como de Ciudadanos y del grupo mixto.
