“Las mujeres sometidas a prostitución se podrán acoger a la Ley de Igualdad”

¿Se modificará la Llei d’Igualtat autonómica?

Efectivamente, para actualizarla. Lo que hemos hecho ahora desde el Govern ha sido plantear el abordaje de la modificación de la Llei d’Igualtat, que es de 2016. A nivel legislativo autonómico, dicha ley fue en su momento una norma de vanguardia en cuanto a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y, sobre todo, en cuanto a la lucha contra la violencia machista. Hay que recordar que nuestra ley reconocía ya, por ejemplo, la violencia económica como un tipo de violencia machista. Como sabe, la violencia económica es que tu pareja no te pase la pensión para tus hijos.

¿Destacaría algo más?

Quisiera también recordar que las transferencias en materia de igualdad del Govern a los consells insulares se hicieron en 2018, es decir, dos años después de la aprobación de la Llei d’Igualtat. Desde hace cuatro años, las competencias en igualdad las tenemos distribuidas entre el Govern y los consells, algo que originariamente no estaba aún contemplado en la citada ley.

“Queremos conceptualizar como violencia machista la prostitución y la violencia vicaria”

¿Cuál es la situación normativa a nivel estatal?

En 2018 hubo un cambio progresista a nivel estatal, poniéndose en marcha una prolija legislación en cuanto a igualdad, tanto en el primer gobierno de Pedro Sánchez en solitario como posteriormente con el gobierno de coalición con Podemos. Ello significa que la Llei d’Igualtat debe de adaptarse ahora también a la legislación estatal en materia de igualdad, conformada básicamente por la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como también por legislación centrada en el ámbito laboral. A todo ello habría que añadir que España firmó en su momento el denominado Convenio de Estambul, que dice que a las mujeres en situación de prostitución se las tiene que considerar como víctimas de violencia machista.

¿Qué cambios concretos se podrán introducir entonces en la Llei d’Igualtat?

Teniendo en cuenta todo ese contexto previo, nosotros apostamos por conceptualizar como violencia machista la prostitución y también la violencia vicaria. Ni una ni otra están recogidas ahora en nuestra ley. Como sabe, la violencia vicaria se da cuando un niño es maltratado por su padre para hacerle daño a la madre. Con la nueva conceptualización que proponemos, esa madre se podrá acoger al abanico de prestaciones que tienen las mujeres víctimas de violencia machista. Del mismo modo, una mujer sometida a prostitución también se podrá acoger a esas prestaciones.

¿Cree que será posible llegar a un acuerdo con todos los partidos en este punto?

Bueno, no creo que estemos ante nada a lo que se pueda oponer ningún grupo político. De hecho, estoy segura de que estos cambios van a tener el apoyo de todas las fuerzas políticas de Baleares, porque lo que pretendemos es mejorar la protección a todas las víctimas de violencia machista.

“Con la Llei de Consells Insulars hemos dotado a los consells de un instrumento jurídico que les permite una mayor agilidad”

¿La prostitución debería ser considerada además también como violencia sexual?

Una de las formas de la violencia machista puede ser la violencia sexual, pero no son lo mismo. Una cosa es la violencia machista y otra la violencia sexual. En ese sentido, hay que recordar que es el Código Penal el que establece cuándo se produce violencia sexual. Por tanto, las autonomías no podemos decir si la prostitución es o no un tipo de violencia sexual. No tenemos capacidad para decidirlo, porque es un tema que depende de la legislación estatal.

¿Defiende el Govern la posible abolición de la prostitución?

La Llei d’Igualtat no puede hablar sobre la abolición de la prostitución, porque es una cuestión que también se escapa a nuestras competencias autonómicas. Legislar sobre esta cuestión es asimismo una competencia estatal. Precisamente, en el Parlamento se está tramitando ahora una ley que aboga por la abolición de la prostitución. Veremos qué deciden finalmente el Congreso y el Senado sobre esta materia. En función de la normativa estatal que se apruebe, nosotros podremos actuar en un sentido o en otro.

¿Cuál es la finalidad esencial de la recién aprobada nueva Llei de Consells Insulars?

Su principal objetivo es darle mucha mayor agilidad a la gestión de los consells y, sobre todo, configurarlos como lo que son, ya que son también Administración autonómica y no sólo Administración local. La anterior Llei de Consells Insulars databa del año 2000, por lo que era previa al actual Estatut d’Autonomia de 2007, que mandaba adaptar la Llei de Consells al propio Estatut.

“Sería deseable que el catalán desapareciera de la ecuación de la disputa política, porque finalmente todos entendamos que tiene que ser un requisito”

¿Hubo consenso previo antes de su aprobación?

Esta nueva ley la hemos consensuado con todos los consells y ha sido sometida a mucho debate jurídico. Como sabe, hay diversas competencias autonómicas que ahora se están gestionando ya desde los consells, como por ejemplo ordenación del territorio, promoción turística, cultura o agricultura. Por ello, necesitábamos dotar a los consells de un instrumento jurídico que les permitiera una mayor agilidad y una adaptación a lo que es la Administración autonómica.

¿Entiende la controversia que se ha generado por el reciente viaje institucional del Govern a Argentina?

Mire, en ese viaje y en otros nosotros cumplimos escrupulosamente el Código Ético del Govern —aprobado en 2016—, que estipula qué precio máximo puedes pagar por una dieta o que los viajes en avión tendrán que ser siempre en clase turista, como así fue también en este caso. Lo que no se puede estipular, en cambio, es el precio de un billete, porque es un precio variable. Quien quiera buscar la polémica, que la busque. En el caso del PP, ha intentado crear una polémica de manera ficticia. El viaje a Argentina —conformado por cuatro personas, entre ellas Armengol y Garrido— fue un viaje que tenía los precios adecuados al mercado, que para nada se extralimitó en ese sentido y que además se adaptó en todo momento al Código Ético.

¿Cuál es el principal objetivo del decreto ley del Govern para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas?

La reducción de la interinidad es el principal objetivo de este decreto ley y de otras actuaciones en el mismo sentido. Hay que recordar que la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción del Empleo Público, marcaba ya el objetivo de bajar la temporalidad al ocho por cien antes del 31 de diciembre de 2024. De hecho, con nuestro decreto ley, nosotros pretendemos bajar esta temporalidad al cero por cien en los servicios generales de la Administración de la Comunidad Autónoma. Es un objetivo muy ambicioso, pero creo que lo vamos a poder conseguir.

¿Llegará algún día en que, gobierne quien gobierne, la exigencia del catalán en la Administración dejará de ser objeto de debate?

Lo deseable sería que no hubiera un debate en torno al catalán en la función pública porque todos asumamos que el catalán es y tiene que ser un requisito. Eso sería lo deseable, porque poder ser atendido en catalán es un derecho de nuestros ciudadanos. El funcionario es un servidor público y, como tal, tiene que poder entenderse plenamente con los ciudadanos de las Islas, que tenemos dos lenguas cooficiales, que son el castellano y el catalán. Por tanto, insisto, sería deseable que el catalán desapareciera de la ecuación de la disputa política, porque finalmente todos entendamos que tiene que ser un requisito y que es un requisito.

Entiendo, sí…

Esto es lo que hemos defendido en el PSIB desde siempre y es lo que seguimos defendiendo. Y es lo que defiende también el Govern en estos momentos. Otra cosa distinta es que, en circunstancias excepcionales, se puedan hacer excepciones, pero únicamente en circunstancias excepcionales.

¿El abanico que lució en un reciente acto institucional de la Guardia Civil era republicano?

Sí, lo era —sonríe—. Era el abanico que llevaba en el bolso aquel día. Lo hice sin ninguna intención de polemizar ni de nada por el estilo. Soy republicana y no tengo ningún pudor en decirlo, sino todo lo contrario. Cada vez que he podido, he hecho gala de mi republicanismo. Ello no es óbice para mi absoluto respeto por la Corona, como Jefatura del Estado, ni para mi total respeto y cariño también a la Guardia Civil y al resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los que además tenemos muy buena relación de trabajo y de sinergias.

“En el viaje a Argentina cumplimos el Código Ético del Govern, que estipula qué precio máximo puedes pagar por una dieta o que los viajes en avión tendrán que ser en clase turista. Lo que no se puede estipular es el precio de un billete porque es un precio variable”

¿En qué situación se encuentra hoy IB3?

Yo creo que desde el cambio que hubo en la dirección en 2015, en concreto desde que Andreu Manresa es el director general de IB3, podemos decir que es una televisión pública totalmente independiente y con una independencia informativa absoluta del Govern. Creo que eso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos y que además no pueden decir otros gobiernos, como por ejemplo el último del Partido Popular —con José Ramón Bauzá como presidente—, donde se puso al conseller de Presidencia a dirigir la televisión —en referencia a Antoni Gómez, que fue director general en funciones— y luego se puso a un senador del mismo partido —en referencia a José Manuel Ruiz, que había sido senador con anterioridad—. De ahí es de donde venimos.

¿Y a nivel económico y laboral?

Como sabe, IB3 recibe una gran parte de su presupuesto del Govern, porque forma parte del sector público de Baleares. Así está establecido en el Estatut d’Autonomia y en la Llei Audiovisual, que además nos dicen que tiene que haber una televisión pública independiente y con trabajadores independientes. Por ello, el Govern ha apoyado la apuesta de IB3 por la internalización de los trabajadores de los servicios informativos, que desde el inicio de la televisión autonómica estaban externalizados. Se trata de una apuesta firme por la independencia de la radiotelevisión pública de Baleares y también para consolidarla y hacerla fuerte. Este Govern ha dado muestras más que evidentes y suficientes de ese respeto absoluto a la independencia informativa y de gestión. Ese debería ser el camino para todos los gobiernos.

¿Este Govern trabaja pensando en el medio y largo plazo o mirando lo que dicen ahora mismo las encuestas?

Siempre se trabaja pensando en el medio y largo plazo, o al menos yo no entiendo otra forma de trabajar. Cuando tú te dedicas a la política, te dedicas al servicio público, y yo creo que lo básico y lo fundamental de ese servicio es pensar en los ciudadanos, en este caso en los ciudadanos de Baleares. Nosotros trabajamos y legislamos pensando en el conjunto de los ciudadanos y pensando también en que las políticas que se llevan a cabo son beneficiosas para la Comunidad y perdurables en el tiempo. No practicamos una política de tierra quemada. De hecho, creo que hemos dado muestras más que evidentes de que esa no es nuestra forma de actuar. La pandemia sería un ejemplo de ello.

“Soy republicana y no tengo ningún pudor en decirlo, sino todo lo contrario. Cada vez que he podido, he hecho gala de mi republicanismo”

¿En qué sentido?

En el sentido de que cuando se inició la pandemia y también durante la segunda ola, el Govern tuvo que tomar decisiones muy duras y muy complejas, como por ejemplo la de cerrar establecimientos en una región que había sufrido el golpe de la pandemia a nivel económico como nadie. En ese contexto, nos planteamos que lo primero era la salud de los ciudadanos de Baleares. Si el hecho de pensar primero en la salud suponía que había que cerrar una parte de la actividad económica, se tomó esa dura decisión y se aplicó. Ello contribuyó a que hoy seamos la comunidad autónoma que menos mortalidad ha tenido durante la pandemia, y por tanto la que más y mejor ha protegido a sus ciudadanos, y también contribuyó a que ahora mismo seamos la comunidad que mejor ha recuperado su economía.

¿Han contado con el apoyo de la oposición en esas actuaciones?

Lo que nos hemos encontrado en el Parlament ha sido, por desgracia, una oposición que juega al “cuanto peor, mejor”, pensando que si la economía va mal podrá ganar las elecciones. Recuerde, por ejemplo, que el principal partido de la oposición, el PP, no ha querido formar parte del pacto de reactivación, del que sí forman parte tanto el PI como Cs. El consenso se busca siempre entre dos y hoy tenemos un partido que no quiere ese consenso y que desea que le vaya mal al Govern, porque cree que así obtendrá un rédito electoral. Eso no es pensar en los ciudadanos de Baleares, eso es pensar a corto plazo.

¿Qué queda hoy en usted de la persona que décadas atrás entró por vez primera en política?

Yo creo que todavía queda mucho. Soy una persona idealista y espero no perder nunca esa condición. Entré en política en su momento y continúo trabajando en política por una vocación de servicio público importante y porque mi objetivo es cambiar la vida de los ciudadanos de estas islas. Deseo cambiar esta sociedad a mejor y hacerla mucho más justa. Hay mucha injusticia. Por ello, sigo creyendo que nos tiene que mover el buscar que todo el mundo tenga exactamente las mismas oportunidades, venga de donde venga, sea hombre o mujer. A mí esa fuerza no se me acaba, y por tanto aquí estoy mientras me necesiten.