Solo el Consell de Menorca ha remitido al Govern balear la información sobre menores tutelados víctimas de explotación sexual que ha solicitado a todas las Comunidades Autónomas el Defensor del Pueblo, que también ha recibido datos de Asturias, Madrid, Extremadura y Melilla.
Ni el resto de Consells de Baleares ni las otras autonomías han aportado al Defensor del Pueblo los datos sobre casos como los registrados en Mallorca, por lo que mantiene la actuación abierta hasta que la institución emita una resolución global con los informes de todas las comunidades.
El pasado 25 de mayo el Defensor inició una actuación de oficio requiriendo información a las administraciones competentes en materia social de todas las comunidades, así como al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conocer las características de los casos de explotación sexual de menores tutelados que se hubieran detectado en cada territorio.
También reclamó a las administraciones competentes, los consells insulars en el caso de Baleares, que le detallaran las medidas específicas de protección adoptadas con respecto a los afectados y los protocolos aprobados o en elaboración para la detección temprana de tales casos.
Un portavoz del Consell de Mallorca ha explicado a EFE que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) recibió la solicitud por medio de la Conselleria de Asuntos Sociales del Govern y ha apuntado que actualmente está elaborando la constestación.
Fuentes de la Conselleria autonómica han indicado que han requerido la información a los consells que no la han facilitado para poder remitirla al organismo estatal.
El Defensor del Pueblo explica este jueves que “continúa abierta esa actuación general de oficio”, que no impide que “pudieran iniciarse otras investigaciones de carácter singular, en el caso de tenerse conocimiento de nuevos casos”.
“El Defensor del Pueblo emitirá, en su momento, una resolución global sobre los casos de explotación sexual de menores tutelados cuando se tenga la información solicitada a todas las comunidades autónomas”, indica en un comunicado.
Con esa documentación, ha recordado, elaborará una resolución “que, previsiblemente, contendrá las correspondientes recomendaciones a las administraciones competentes”.
Durante su comparecencia en el Parlamento el pasado 13 de septiembre para dar cuenta del informe de la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Gabilondo reconoció que se trata de “un asunto de envergadura” y que hay “indicios” de que podría haber casos de explotación sexual a menores en muchas comunidades autónomas.
Con la información de todas las comunidades “se podrá tener un estudio serio” en toda España, aseveró.
Entre las propuestas para mejorar el funcionamiento de los centros de menores, Gabilondo planteó realizar la supervisión médica en las primeras 24 horas del ingreso, protocolos de prevención de conductas autolesivas y reforzar el personal con expertos en psicología clínica.
