El Gobierno ha aprobado la Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la infancia y adolescencia que pretende prevenir, visibilizar y combatir la violencia que sufren en España al menos 21.500 niños, ya que gran parte de los casos nunca llegan a conocerse.
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a esta hoja de ruta para 2023-2030, impulsada por Derechos Sociales y consensuada en Conferencia Sectorial de Infancia con las comunidades autónomas, que recoge el conjunto de medidas y objetivos para que las diferentes administraciones y entidades hagan efectiva la ley de protección a la infancia frente a la violencia aprobada en junio de 2021.
Entre otros objetivos, la estrategia establece el compromiso de implementar antes de 2025 un Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y Adolescencia, otro registro unificado de Servicios Sociales y un estudio sobre la prevalencia de estas situaciones para poder dimensionar su verdadera magnitud.
Durante el año 2021 se registraron 55.354 victimizaciones –hechos denunciados- de menores en España, según datos del Ministerio de Interior, y se comunicaron al sistema de Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) 21.521 notificaciones de violencia sobre menores.
AUMENTAN UN 37 % LOS CASOS DE MALTRATO INFANTIL
Según los últimos datos registrados por las comunidades autónomas en el RUMI, en 2021 aumentaron el 37,18 % las situaciones de maltrato respecto al año anterior, cuando fueron 15.688 notificaciones. De las 21.521 posibles víctimas, 10.473 eran niñas y 11.048 niños.
Cuando se analizan las diferentes formas de violencia, la más notificada es la negligencia (el 42,75 % de los casos), seguida por la violencia emocional (30,75 %), la violencia física (16,91 %) y la violencia sexual (9,59 %).
Más de la mitad de los casos corresponden a adolescentes de 11 a 17 años, sobre todo de entre 11 y 14 que son el 32 %; siete de cada diez niños son de nacionalidad española.
La estrategia señala la disparidad de cifras existente para evaluar la violencia infantil, como el más extremo que puede suponer la muerte del niño. Así, el Consejo General del Poder Judicial recoge en una estadística 23 sentencias relacionadas con el fallecimiento de menores en 2020, mientras que en el Instituto Nacional de Estadística figuran en ese periodo 62 menores fallecidos por suicidio y 17 por homicidio.
“Estos datos son la punta del iceberg” del maltrato porque son “escasos y poco sistematizados” y no reflejan la grave situación de vulnerabilidad que tiene la infancia y adolescencia frente a la violencia, señala la estrategia.
SACAR DE LA INVISIBILIDAD LA VIOLENCIA QUE ACORRALA A LOS NIÑOS
Plantea hacer una inversión en la mejora de la calidad del conocimiento de esta violencia que “ayudará en la prevención y en la percepción social de la problemática, puesto que sacarán la violencia contra la infancia del espacio privado y lo convertirán en un problema social”.
Para ello, propone un cambio de paradigma con medidas de sensibilización e identificación de este tipo de violencia, tanto para los niños y adolescentes, como para los adultos que forman parte de sus entornos y las administraciones públicas.
La estrategia recoge las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas necesarias para garantizar el derecho de los menores a desarrollarse libre de cualquier forma de violencia.
Tal y como establece la ley de protección a la infancia, la estrategia aspira a fortalecer el trabajo de prevención de todas las formas de violencia, mejorar la detección e intervenir tempranamente para evitar esos casos.
Fija la ruta temporal para que las diferentes administraciones, entidades y actores trabajen de la mano para evitar que ningún niño o niña sea víctima de violencia.
Destaca la importancia de garantizar el uso de forma metódica y homogénea los sistemas de registro en los distintos ámbitos, como los servicios educativos, sanitarios, judiciales, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de los servicios sociales.
También, las reformas legislativas necesarias para consolidar la prohibición eficaz de todas las formas de violencia y garantizar una aproximación integral a las mismas, como la especialización tanto de los órganos judiciales como de jueces, fiscales y equipos técnicos para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales.
Alineada con la ley de infancia, pretende conseguir un cambio de percepción social, actitudes y comportamientos frente a la violencia contra los niños y adolescentes y garantizar que todos los entornos donde convivan o participen menores sean entornos seguros y protectores.
Las comunidades deben avanzar hacia servicios universales, gratuitos, especializados y multidisciplinares para atender a los niños que han sufrido o ejercido violencia y a sus familias, de manera que en 2025 puedan atender al menos al 60 % de los niños y en 2030, el 90 % de las víctimas de violencias graves tengan a su disposición servicios amigables e integrados de atención. EFE
