El Gobierno estatal y la banca tratan de llegar a un acuerdo “in extremis” sobre la batería de medidas que llevan negociando en las últimas semanas para ayudar a las familias a hacer frente al encarecimiento de las hipotecas por la subida del euríbor, según fuentes próximas a las conversaciones.
La intención, como ha trasladado varias veces la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sigue siendo que el Consejo de Ministros de este martes apruebe un catálogo de medidas de alivio para los hipotecados y para conseguirlo el Ejecutivo y las patronales bancarias han estado en contacto continuo.
Se trata de reuniones técnicas y también “al más alto nivel” que se han intercalado con conversaciones telefónicas entre las patronales bancarias y Economía, pero con las que no se ha logrado llegar a un principio de acuerdo hasta el momento, explican a EFE las fuentes consultadas.
El principal motivo sigue siendo el alcance de las medidas y cuántos miles de familias podrían optar a las distintas opciones de alivio de la carga hipotecaria que ofrecería la banca a partir del 1 de enero de 2023, más allá de las ofertas que el sector ya puede hacer atendiendo a cada caso.
La banca insiste en que las soluciones que promueve el Ejecutivo tienen que ser “temporales, para resolver un problema coyuntural, derivado de la subida de los tipos y la inflación”.
Además habrá dos líneas de actuación: una que pasa por ampliar el funcionamiento del actual Código de Buenas Prácticas, para lo que previsiblemente sería necesario aprobar un real decreto ley -el mismo rango de entonces- o una modificación del mismo para dar acceso también a familias que mantengan el empleo.
Y, salvo cambios de última hora en la negociación, la principal condición para acogerse a ese nuevo Código de Buenas Prácticas será que los ingresos del domicilio no superen los 24.318 euros al año, una cifra de ingresos netos que equivale a tres veces el Iprem, el indicador público de renta de efectos múltiples en 14 pagas.
La segunda línea de actuación consistiría en establecer un protocolo adicional para familias “de clase media que se puedan ver en riesgo por la subida de los tipos de interés”.
En estos casos las opciones que están encima de la mesa se resumen en que los bancos congelen las cuotas durante un año, permitan alargar el plazo de las hipotecas si se encarecen más de un 30 % y consumen al menos el 40 % de los ingresos de la familia, además de facilitar el cambio a préstamos a tipo fijo.
Al alargar el plazo del préstamo, la carga financiera se ve inmediatamente reducida, una medida de alivio que, según fuentes próximas a las negociaciones, se aplicaría sobre hipotecas a tipo variable firmadas a partir de 2012 para una primera vivienda.
Respecto al cambio de una hipoteca variable a una fija, hay tres formas de hacerlo: una novación o cambio de las condiciones, una subrogación o traspaso a otra entidad, y una nueva hipoteca.
En medio de estas negociaciones, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, consideró el pasado miércoles “fundamental” identificar bien qué se entiende por colectivo “vulnerable” a la hora de aprobar las medidas de alivio con el objetivo de minimizar los riesgos para la estabilidad financiera.
Durante la clausura de la convención anual de la Asociación de Mercados Financieros, insistió en su idea de que cualquier medida de política fiscal que se tome vaya dirigida a las familias y empresas más afectadas por el incremento de los precios, una reflexión que aplicaría también al caso de los hipotecados.
Por eso cree que la clave, “la dificultad intrínseca”, es definir qué tipo de colectivos se consideran vulnerables, ya que hasta ahora esta definición quedaba reservada para las rentas más bajas y los casos en los que un hipotecado se quedaba sin empleo. EFECOM
