El Parlament de les Illes Balears ha aprobado este martes una propuesta de Més per Menorca que pide al Gobierno del Estado revisar la Obligación de Servicio Público (OSP) en las rutas aéreas entre las Illes Balears para aumentar su el número de frecuencias diarias de ida y vuelta durante todo el año y con unos intervalos en función de la demanda de los ciudadanos, así como para garantizar que la capacidad de las aeronaves se ajusta a esta demanda, especialmente en los dos primeros y los dos últimos vuelos de todos los días.
Es importante destacar que la moción aprobada persigue adaptar la oferta de pasajes a las necesidades de los ciudadanos de Menorca, Ibiza y Formentera, que son quienes tienen la necesidad de desplazarse a Mallorca a menudo y no de la demanda de los mallorquines que se mueven , habitualmente, por motivos de ocio.
La iniciativa de los menorquinistas, enmarcada en una moción relativa a condiciones de vida dignas para los residentes de las Islas Baleares, ha incluido este punto porque actualmente se vive una situación de saturación en estas rutas.
En este sentido, en los últimos días ha sido noticia el retraso y cancelación de vuelos entre Menorca y Palma, lo que supone un grave problema de conectividad.
El diputado Josep Castells ha defendido que gozar de una buena conectividad todo el año “no debería ser un privilegio, sino un derecho de todos los ciudadanos de las Islas” y ha recordado que los menorquines “tienen en Palma algunos de los servicios esenciales que también pagan como, por ejemplo, su hospital de referencia: Son Espases». «Debemos hacer de Menorca una isla con todos los servicios necesarios para las personas que viven allí todo el año, y no un escaparate sólo para los turistas que vienen los meses de verano. Por ello, es necesario garantizar una buena oferta comercial, una asistencia sanitaria o un transporte público adecuado, así como una buena conectividad exterior».
Además, desde Més per Menorca consideran que la conectividad no sólo es importante para las personas, sino también para que la economía funcione. Tanto para la actividad agrícola-ganadera, como para la actividad industrial o de servicios.
