La coordinadora autonómica de Podemos Illes Balears, Antònia Jover, ha pedido este miércoles que el Ministerio de Defensa ceda todos sus inmuebles en desuso a las instituciones de Balears, “a perpetuidad y a coste cero”, para evitar “que caigan en manos de especuladores.
Joven ha reclamado también a la ministra Margarita Robles la cesión de “las 2.000 hectáreas que posee el ministerio en nuestras islas”, ha informado Podemos en un comunicado.
Podemos justifica la petición en que “ya ha habido precedentes de venta de patrimonio público a empresarios relacionados con la vivienda de lujo” e indica que “deben ser las instituciones públicas de Balears las que escojan qué uso darle a los solares e inmuebles en desuso, y preferentemente dedicarlos a paliar el problema de la vivienda o darles otros usos sociales”.
Jover considera que la ministra “debe ceder toda área natural, inmueble, terreno o construcción en desuso que posee el ministerio en las islas para que nuestras instituciones le den el uso público que requieran”.
La coordinadora autonómica del partido ha puesto como ejemplo las fincas públicas pertenecientes al Ministerio que se encuentran en Cap Blanc y Rafaubeig, “y que corren peligro de caer en manos de la especulación urbanística o de destinarse a usos turísticos”.
Considera que “hay que evitar que pueda volver a haber casos como el de Llucalari, en Menorca, que ahora es un agroturismo de alto nivel, un resort donde la estancia roza los 900 euros por noche”.
Jover ha asegurado que Robles “debe entender que la fragilidad ambiental de Baleares y el problema gravísimo de acceso a la vivienda requieren que cualquier terreno, inmueble o construcción pública sea dispuesto bajo el interés general”, para evitar “por todos los medios que caigan en manos de inversores y especuladores urbanísticos, que se frotan las manos ante cualquier oportunidad de negocio en nuestras islas y sin dar ni un ápice de importancia a las necesidades de la gente que vive aquí”.
En su opinión, no debe permitirse que espacios que ahora son públicos y que tienen un alto valor patrimonial y ambiental “puedan caer en manos de propietarios privados que no contribuyen a paliar los principales problemas de la mayoría de gente de las islas y que solo buscan el beneficio personal”.
Ha insistido en que la vivienda es un problema de primer orden en el archipiélago, así como la protección del territorio “ante la mano de aquellos que solo buscan enriquecerse a su costa”.
