Menorca centrará buena parte del Pleno del Parlament de este martes en el que se tratarán cuestiones como el segundo cable electrico con Mallorca y el traslado de menores solos en avión. La primera cuestión es una pregunta del diputado de Ciudadanos Jesús Méndez que quedó aplazada en la sesión anterior por la audencia del vicepresidente Juan Pedro Yllanes que debía responderla.
Méndez quiere saber cuándo se ejecutarán estas obras que se llegaron a calificar de vitales para Menorca y que, además, deben permitir exportar el sobrante de energía eléctrica de fuentes limpias si se ejecutan todos los proyectos previstos de generación de energía. Por otro lado, el PI está poniendo trabas a esta nueva conexión ya que existe cierta polémica sobre si el enlace con Mallorca debe hacerse por Alcúdia o Pollença.
El coste del acompañamiento a menores que viajan solos en los vuelos interislas, una vez empiece en marzo el acuerdo de código compartido de UepFly con Air Europa, será objeto de hasta tres preguntas durante el pleno, por parte de Cs, el PP y MÉS per Menorca. El servicio, que hasta ahora tenía un precio mínimo podría llegar a valer hasta 90 euros lo que es incluso más caro que el propio billete de avión.
Por otro lado, la presidenta del Govern, Francina Armengol, deberá responder el martes, en el próximo pleno del Parlament, a dos preguntas sobre las políticas aplicadas en materia de sanidad pública durante la legislatura, y además el pleno debatirá propuestas de Podemos sobre vivienda como prohibir su venta a no residentes.
Las preguntas sobre los efectos de las políticas en materia de sanidad las formularán en el turno del control al Govern los portavoces del PP, Antoni Costa, y de Ciudadanos, Patricia Guasp. Además Armengol deberá responder también en relación con su política económica y en materia de vivienda.
La política de vivienda volverá a protagonizar el debate en el Parlament por medio de una proposición no de ley de Podemos que incluye, entre 15 propuestas, que el Govern legisle la restricción de la venta de viviendas a no residentes para evitar la especulación, y que cambie legalmente el concepto de gran tenedor, reduciendo de 10 a 5 las viviendas en propiedad para tener esta consideración.
Podemos propone además instar al Govern a aumentar progresivamente el presupuesto autonómico para vivienda hasta alcanzar el 2 % del PIB en 2030, a priorizar la rehabilitación frente a la nueva construcción, a aumentar el parque público y a no permitir en ningún caso la venta de vivienda protegida social.
También quieren instar al Govern a trabajar con los ayuntamientos para que reserven un 50 % de superficie a VPO y al menos el 60 % de ella a alquiler social en la planificación urbanística; y con los consells para controlar el uso irregular del alquiler turístico y limitarlo.
Plantean además instar al Gobierno central a prohibir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa residencial, a que la SAREB dedique tanto su parque de viviendas como sus solares a alquiler social y lo ceda a las administraciones autonómicas, y a eliminar el visado de residencia para inversores extranjeros que adquieran bienes inmuebles en España por más de 500.000 euros.
La proposición no de ley incluye además instar al Gobierno a asegurar que la próxima ley estatal de vivienda contemple la obligatoriedad de la declaración de zonas tensionadas por parte de las comunidades para regular los precios de los alquileres y “frenar su alza incontrolada”.
El Parlament debatirá además una proposición no de ley de MÉS per Mallorca que plantea que la cámara declare ilegales los decretos de nueva planta, la ocupación militar posterior y la imposición “de la legislación y la cultura de Castilla” en Baleares, y a instar al Gobierno a iniciar un nuevo proceso constituyente. Reclaman “un nuevo pacto entre la ciudadanía y el Reino de España que blinde el autogobierno” de las Baleares y las Pitiusas.
El pleno debatirá y votará además si validar o derogar el decreto de medidas urgentes para la protección de las sargantanas pitiüsa (Podarcis pityusensis) y balear (Podarcis lilfordi) y para la lucha contra las especies de la familia Colubridae sensu lato.
La llamada “ley del sí es sí” volverá al debate por medio de la diputada popular Núria Riera, que preguntará a partir de cuantos agresores sexuales beneficiados por rebajas de penas dejará de ser considerada una buena ley por el Govern.
