La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha instado a reclamar a los pasajeros de avión a los que les han cobrado un suplemento por la maleta de cabina ya que cuentan con al aval de varias sentencias que han considerado esta práctica “abusiva y contraria” a los derechos de los consumidores.
La organización anima a los consumidores a dar este paso después de haber elaborado un estudio comparativo sobre las condiciones de transporte de una pequeña maleta de cabina en 23 aerolíneas, que revela que seis compañías cobran suplementos cuando se contrata una tarifa económica.
Estas son las empresas, según la OCU: Easyjet (entre 7,99 y 16,99 euros con la tarifa estándar), Eurowings (desde 15 euros con la tarifa basic), Norwegian (entre 7 y 14,90 euros con la tarifa low fare), Ryanair (entre 8 y 32 euros con la tarifa value), Vueling (entre 9,50 y 20 euros con la tarifa basic) y Wizz Air (entre 5 y 40 euros con la tarifa basic).
Las compañías afectadas, según la organización, argumentan que sus tarifas están amparadas por el Reglamento CE 1008/2008, que estableció la total liberalización de precios en el sector del transporte.
Pero varias sentencias, la última del 17 de junio de 2022 del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Madrid, consideran esta práctica “abusiva y contraria” a los derechos de los consumidores.
Es más, la propia Ley de Navegación Aérea, según sostiene, indica que el transporte del viajero y su equipaje están incluidos de manera gratuita en el precio del billete.
En lo que se refiere al equipaje de cabina, la IATA (la Asociación Internacional de Transporte Aéreo) conseja unas dimensiones de 55x35x20 centímetros (25 litros de volumen útil), superiores al establecido por la gran mayoría de las compañías, dos aspectos que viene denunciando OCU a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) desde hace años.
OCU ha animado a todos los consumidores afectados a reclamar aquellos cobros que se les apliquen por embarcar la maleta de cabina y también a dirigirse a las autoridades competentes en consumo de su comunidad autónoma para que inicien actuaciones sancionadoras, como ya ha hecho, por ejemplo, la Dirección general de Consumo de Islas Baleares. EFE
