El ‘caso Puertos’ es un presunto caso de corrupción que investiga el Juzgado de Instrucción número tres de Palma, cuya titular es la magistrada jueza Martina Mora Torrens. Se destapó el 23 de julio de 2020, cuando la Guardia Civil detuvo a la cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), con su presidente Joan Gual de Torrella al frente; su vicepresidente, Miguel Puigserver; el director Juan Carlos Plaza, el jefe de la división de proyectos y obras, Armando Parada y el jefe explotación y servicios, José Fernando Berenguer. También resultó imputada la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll.
Gual de Torrella, pocos días después de su detención, puso su cargo a disposición del Govern y fue sustituido por el expresident del Govern, Francesc Antich. Armengol elogió su labor y le agradeció el gesto de apartarse, ya que sus socios de gobierno, Unidas Podemos y Més per Mallorca, exigían su destitución.
Se investiga un presunto amaño de concursos públicos para la adjudicación de instalaciones portuarias en el puerto de Maó en 2017 a la empresa Marina Asmen y también la adjudicación en el puerto de Ibiza en 2015 de la dársena que desde hace décadas viene ocupando el Club Náutico de Ibiza (CNI).
Gran parte de las pesquisas se hallan aún bajo secreto de sumario y únicamente se decretó el levantamiento parcial del secreto en dos piezas separadas, mientras se mantiene sobre el grueso de la causa con sucesivas prórrogas ratificadas por la Audiencia de Palma, pese a las quejas de los investigados por la dilación del proceso.
En mayo de 2022 se levantó parcialmente el secreto del sumario sobre la adjudicación de la dársena deportiva del puerto de Ibiza.
Los denunciantes
En el caso del Club Náutico de Ibiza, quien denunció ante la Fiscalía Anticorrupción fue el Club Deportivo Básico 12 Millas, una entidad creada poco antes de la convocatoria de la concurrencia de proyectos para la adjudicación de la dársena del puerto de Ibiza. Al frente de ella está Francisco Javier Jiménez de Cisneros, abogado y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.
Uno de sus socios fundadores es Javier Enríquez, quien tiene la consideración de investigado pues la Guardia Civil sospecha que los responsables de Doce Millas podrían haber solicitado dinero (cuatro millones de euros) al CNI para retirar los pleitos interpuestos. Se apunta que el abogado y exfiscal Pedro Horrach podría haber actuado como intermediario. Así se lo dijo Gual de Torrella al alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, en una conversación telefónica intervenida por la Benemérita.
Otro denunciante sería Enrique Braquehais Conesa, abogado del Estado que en 2016 se incorporó al Consejo de Administración de la APB como representante de Puertos del Estado. En 2018 fue apartado al votar en contra de la adjudicación de los amarres del puerto de Maó a Marina Asmen.
Los investigados
Además de los entonces directivos de la APB ya citados y la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, la jueza imputó al presidente del Club Náutico de Ibiza, Juan Marí y al vicepresidente José María Costa, destacado militante socialista de la FSE-PSOE, exconseller de Interior del Govern balear que presidió Francesc Antich y hermano de Pilar Costa, portavoz parlamentaria del PSIB y mujer muy cercana a la presidenta del Govern, Francina Armengol. En el momento de los hechos que se investigan, era consellera de Presidencia del Govern balear y también representante del Ejecutivo autonómico en el Consejo de Administración de la APB. Tanto Juan Marí como Josep María costa declararon ante la jueza en julio de 2022.
Más recientemente ha sido citado en calidad de investigado el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, quien además es miembro del Consejo de Administración de la APB. La entidad denunciante, Doce Millas, pidió su imputación, aunque la Fiscalía no la considera necesaria y optó por pedir que fuera citado como testigo, algo que la magistrada instructora, no atendió.
Ruiz, que opta a la reelección, deberá comparecer en el juzgado el 21 de junio asistido de abogado.
Investigación
La jueza, la fiscalía anticorrupción y el Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil sospechan que desde la APB se puso en marcha una estrategia para adjudicar la dársena del puerto de Ibiza al CNI, excluyendo al Club Doce Millas a través de decisiones del Consejo de Administración que fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y del Tribunal Supremo. También se investiga si esta entidad pidió dinero para apartarse del concurso.
Pese a que la presidenta del Govern, Francina Armengol, es aludida en varias conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil, donde parece claro que Joan Gual de Torrella informaba a la presidenta, lo que por otra parte sería lógico y normal teniendo en cuenta que fue nombrado a propuesta de Armengol, la líder de los socialistas de Baleares defendió en el Parlament en junio de 2022 que “nunca me verá incidir en una contratación pública y nunca lo he hecho”.
En 2016, Armengol asistió en Ibiza al 90º Aniversario del Club Náutico de Ibiza, donde aseguró que “como presidenta de las Islas Baleares yo me dejaré la piel para que cada año podamos asistir al aniversario de este club náutico y que hagamos al menos 90 años más”.
La imputación del alcalde socialista de Ibiza, Rafa Ruiz, ha devuelto al caso un alcance político muy incómodo para el PSOE, a pocas semanas de las elecciones autonómicas y municipales. / JOAN MIQUEL PERPINYÀ (MALLORCADIARIO.COM)
