Palma, 28 jun (EFE).- El PP y Vox han alcanzado un acuerdo programático que contempla la abstención del partido de extrema derecha para facilitar la investidura como presidenta del Govern balear de la líder de los populares, Marga Prohens, que formará ejecutivo en solitario.
Los dos partidos se han comprometido a constituir en un plazo de dos meses una comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento de los 110 puntos de que consta el acuerdo alcanzado este miércoles, según han informado conjuntamente.
Las formaciones aliadas han indicado además que la renuncia a exigir formar parte del Govern autonómico contempla el compromiso del PP de incluir a miembros de Vox en los ejecutivos del Consell de Mallorca y el Consell de Menorca a cambio del voto afirmativo para la investidura como presidentes de Llorenç Galmés y Dolfo Vilafranca, respectivamente.
A efectos de calendario, el compromiso significa que Prohens será investida presidenta del Govern balear el 6 de julio. El pleno de investidura se celebrará los días 3 y 4, pero la candidata del PP no saldrá elegida en primera votación porque necesita la mayoría absoluta de 30 votos y contará con los de sus 25 diputados y de 1 de Sa Unió De Formentera. Por ello, se volverá a reunir la cámara tras las 48 horas preceptivas y se votará de nuevo en una elección que solo requiere de mayoría simple.
El pacto recoge la voluntad de los dos partidos de favorecer un gobierno estable mediante la concreción de las políticas acordadas en partidas presupuestarias y con la promesa de Vox de facilitar la aprobación de las cuentas públicas anuales del Govern del PP evitando presentar enmiendas a la totalidad.
El acuerdo contempla aprobar antes de que acabe el año rebajas de los impuestos autonómicos, aumento de las ayudas sociales, una ampliación de las deducciones fiscales existentes y algunas nuevas como una a los propietarios que pongan viviendas en alquiler y otra para quienes cuiden a mayores de 65 años.
El impuesto de sucesiones y donaciones será suprimido antes de 100 días para todas las herencias entre padres e hijos, y abuelos y nietos, y se reducirá a la mitad entre hermanos y tíos y sobrinos.
PP y Vox también han pactado suprimir el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de la primera vivienda por parte de menores de 30 años y ir recortando el impuesto de patrimonio hasta su completa desaparición esta legislatura.
En el ámbito del turismo, la principal actividad económica de Balears, prometen crear un fondo para modernizar las zonas vacacionales mas degradadas con fondos de la ecotasa y del Régimen Especial (REB).
Los firmantes del acuerdo, cerrado por los portavoces de ambos grupos parlamentarios, Sebastià Sagreras por el PP e Idoia Ribas por Vox, se han comprometido a la derogación de la Ley de Memoria Democrática de las islas para reemplazarla por una política que evite “la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas”.
En el apartado sobre “eficiencia del gasto público”, se proponen contratar “una auditoría de cada uno de los organismos, empresas y entes públicos” de la que se derivará la supresión de los que “no reporten beneficios claros para la ciudadanía”.
Respecto a la radiotelevisión autonómica, IB3, que Vox aboga por eliminar, el pacto compromete a las partes a impulsar un modelo de medios públicos “racional con la coyuntura económica”.
Vox y PP apuestan por modificar “las normas que supongan una imposición lingüística”, garantizando que no saber catalán “no penalice en el acceso a la función pública”, y promoverán el bilingüismo en las comunicaciones de la administración.
Prevén además suspender la aplicación de la LOMLOE, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, una estrategia de captación y fidelización de profesionales sanitarios, una ley de protección a la familia que incentive la natalidad y nuevas deducciones por nacimiento y adopción de hijos.
El acuerdo habla de la prevención de la “violencia contra las mujeres”, incluida la que se encuadra en el ámbito de la “violencia intrafamiliar”, y aboga por la reforma de todo el sistema de tutela de menores.
Para hacer frente a la carestía de la vivienda, huyendo de “políticas intervencionistas”, se impulsará el aumento de la oferta con un programa de “alquiler seguro”, ventajas fiscales, simplificación administrativa y construcción de vivienda pública.
Otras iniciativas acordadas se centran en la lucha contra la okupación, con una oficina específica para ayudar a las víctimas, y también en la inmigración ilegal, enmarcada en el capítulo de seguridad, contra la que se aprobará un plan de choque inmediato.
