La familia en situación de vulnerabilidad que debía ser desahuciada mañana 20 de julio en Es Castell aplaza su desalojo hasta finales de 2023 después de pactar con CaixaBank. La administración sigue sin darle alternativa residencial a madre e hijo, de 9 años.
Mañana, 20 de julio, se debería haber llevado a cabo el desahucio, siendo esta la segunda prorroga hasta el momento. Para evitar, según dice un comunicado de Menorca per l’habitatge digne y CGT Menorca, “quedarse mañana en la calle”, la madre ha decidido aceptar las condiciones que ponía CaixaBank sobre la mesa. La entidad bancaria que quería quedarse con el piso le ha ofrecido retrasar el desahucio hasta finales de año: “era quedarse en la calle o ganar un poco de tiempo para intentar continuar buscando una alternativa habitacional”, dicen las organizaciones.
De esta manera, la situación se alarga. Tras diversas concentraciones y manifestaciones, como la de la semana pasada en Maó, por parte de Menorca per l’habitatge digne y CGT Menorca, las administraciones siguen incumpliendo las directrices de la ONU. Los sindicatos siguen defendiendo en un comunicado que “el Estado español incumple las medidas cautelares dictadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” ya que siguen sin ofrecerles una alternativa residencial ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.
En la misma línea, los sindicatos denuncian en el comunicado que la Administración de Justicia ha seguido adelante con el desahucio sin ninguna alternativa residencial, mientras no se ha podido demostrar la condición de vulnerabilidad de la afectada y de su hijo. Hoy, Menorca per l’habitatge digne y CGT Menorca, han podido tener acceso al nuevo informe de vulnerabilidad, pero lamentan que haya podido ser demasiado tarde.
La madre no ha podido hacer frente al pago de la fianza y los gastos que suponía un piso de alquiler del Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI). Es por ello que ha sido sancionada con 2 años sin poder volver a acceder a las listas de pisos de alquiler del IBAVI. La justificación a dicha decisión por parte de la institución ha sido que “no ha podido cumplir con el ingreso de la fianza en 5 días”. La posición por parte de Menorca per l’habitatge digne y CGT Menorca continúa siendo clara: “Seguiremos haciendo presión al IBAVI”.
Finalmente, aseguran que también presionaran al Ayuntamiento de Es Castell para que empadrone a la familia en su vivienda, “según dice la normativa”, y para que vuelva a conectar el agua a la casa, tal y como ya ha recomendado la Sindicatura de Greuges aludiendo a razones humanitarias.
