Reclaman 1,1 millones al Consell por la gestión de una adopción

El Consell Insular de Menorca se enfrenta a una reclamación patrimonial que puede ascender a 1.153.350 euros. Esta demanda viene motivada por el procedimiento de adopción de un menor, en el que la familia mostró su disconformidad con la actuación del servicio del Consell. Según ha explicado en rueda de prensa este viernes, 25 de agosto, la consellera de Benestar Social, Carmen Reynés, esta reclamación patrimonial se presentó el 27 de noviembre de 2017. “Es totalmente legítimo que cualquier ciudadano pueda presentar una reclamación. Lo que no lo es, es que se hayan tardado desde el Consell seis años en tramitar un proceso que debería haberse tramitado en seis meses como establece la Ley. No se ha dado respuesta a una persona durante 6 años, estaba pendiente de resolución sine die”, ha afirmado Reynés.

“Es un asunto que nos crea preocupación, por un lado, por las negativas consecuencias que tendrá la reclamación para el Consell y para todos los menorquines. Y, en segundo lugar, por la evidente y gravísima desidia de los anteriores responsables al retrasar y no dar la celeridad que merece un tema como este”, ha explicado la consellera de Benestar Social.

Reynés ha indicado que cuando se presentó la reclamación patrimonial la directora insular era quien después sería consellera de Benestar Social, Bàrbara Torrent, y que el procedimiento estuvo totalmente paralizado, especialmente en dos períodos de tiempo: Durante un año y ocho meses, del 16 de diciembre de 2019 hasta el 21 de agosto de 2021, “donde no se hizo nada”, ha explicado Reynés. Y durante un año y nueve meses, desde el 17 de noviembre de 2021 hasta que fue reanudado hace dos semanas por el actual equipo de gobierno.

La consellera de Benestar Social y el director insular de Atenció Social, Daniel García del Mar, también han expresado que durante la tramitación del procedimiento “hubo un error muy grave”: “el 3 de diciembre de 2019, sin que se hubiesen presentado alegaciones por el reclamante, el Consell elevó el expediente al Consultiu sin adjuntar la propuesta de resolución (un trámite obligatorio), lo que supuso su devolución al Consell para que procediera a la elaboración de esta propuesta. Y no fue hasta el 26 de octubre de 2021 (un año y ocho meses después) que se elaboró la propuesta de resolución y se dio traslado a la otra parte, quien en ese momento sí presentó alegaciones , el 17 de noviembre de 2021. Entonces, se vuelve a producir una nueva paralización, cuando el Consell debería haber elevado la propuesta al Consultivo como establece la ley en el plazo de diez días, y no se ha hecho hasta que desde del nuevo equipo de gobierno, el pasado 7 de agosto, lo remitimos”.

La consellera de Benestar Social y el director insular de Atenció Social han agradecido el trabajo conjunto y la ayuda de los técnicos del Consell, puesto que en poco más de dos semanas se ha procedido a contestar a las alegaciones efectuadas por la reclamante y a poner a disposición del Consell Consultiu la propuesta de resolución paralizada desde el 17 de noviembre de 2021. En esta propuesta se ha introducido, además, un nuevo cálculo indemnizatorio con el fin de minimizar el impacto que esta reclamación pueda suponer para los ciudadanos.