Palma, 28 sep (EFE).- La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha considerado que la nueva Ley Estatal de Protección de los Derechos y de Bienestar de los Animales, que entra en vigor este viernes, “invade competencias de una forma flagrante y generalizada”.
El conseller, Joan Simonet, ha manifestado en una nota que aunque no están de acuerdo con “muchos de los puntos incluidos”, desde el Govern “velarán por su cumplimiento”.
La nueva ley 7/2023 del 28 de marzo sólo es de aplicación para los animales de compañía y silvestres en cautividad, y no afecta los animales destinados a la producción, a la experimentación, animales silvestres, así como los perros de caza, a la guarda del ganado y los perros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Desde la conselleria han informado de que llevan tiempo preparándose para la adaptación a los cambios requeridos por esta ley que supondrá “un notable aumento de la carga administrativa” por “la gestión de los registros y la calificación de las sanciones”, ha destacado Simonet.
En este sentido, el conseller ha enumerado algunos de los aspectos más polémicos de la ley, como son que se ha redactado desde una perspectiva urbana y no rural y “es de muy difícil aplicación en la realidad del medio rural y el sector primario”.
También ha destacado que algunos artículos que recoge la ley “entran en contradicción con la protección de la ley de la biodiversidad”.
Por su parte, el Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares (COVIB) ha considerado en rueda de prensa que la puesta en marcha de esta ley es “necesaria” pero han reconocido que genera “controversia e incertidumbres”.
El director de la entidad, Ramón García, ha manifestado que es una norma muy “compleja” y que necesitará de matices y procedimientos porque hay puntos que “no se podrán aplicar”.
En este sentido, se ha referido al tema de la eutanasia que queda expresamente prohibida y solo se permite en circunstancias concretas como en el caso de que no haya tratamiento para la enfermedad, y eso es un tema que “deberá ser considerado cada caso individualmente”, ha señalado García.
El problema que plantea es que hay circunstancias que el tutor no se puede hacer cargo del tratamiento y eso es “condenar al animal al sufrimiento” y supone un compromiso legal para el veterinario.
Por ello, desde la entidad han pedido más garantías y protección jurídica para los profesionales.
Por la complejidad del texto, la conselleria ha puesto en marcha una página web para esclarecer dudas. El documento de preguntas y respuestas se ha elaborado a partir de las numerosas consultas que han ido recibiendo a lo largo de estos meses y un documento con los plazos de aplicación de cada artículo.
Una de las preguntas que más inquietud genera tiene que ver sobre sí será obligatorio o no la contratación de un seguro de responsabilidad civil. La norma establece que, en caso de tenencia de perros y durante toda la vida del animal, el titular tendrá que contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad por daños a terceros.
