El Colegio de Agentes de la propiedad inmobiliaria de Baleares (API) se reunió recientemente con sus asociados en Menorca para evaluar el momento que atraviesa el sector.
Una de las preocupaciones expresadas fue el intrusismo en el sector, que no es un problema nuevo pero que aumenta de manera exponencial, sobre todo en Mallorca e Ibiza. Menorca no está exenta. Es un asunto que va de la mano con el crecimiento del negocio en este sector, que en nuestra isla también se ha notado en los últimos años con una importante entrada de inversión extranjera.
Las reglas de mercado no impiden que un buen comercial pueda interceder en una operación inmobiliaria pero desde el colegio insisten en que este tipo de operaciones son delicadas puesto que se juega con importantes sumas de dinero, con emociones de las personas que participan y que no se puede dejar algo así en el criterio de un intermediario que no tiene la seguridad de una formación y un colegio que respalda sus actos.
El buen ritmo de los últimos meses se ha frenado debido al aumento de precios pero, sobre todo el segmento de lujo, sigue funcionando relativamente bien. El 30% del negocio se genera por adquisiciones de extranjeros que deciden escoger a Menorca como su nueva residencia o, en otros casos, en un lugar donde emplazar una inversión.
Entre los APIs no se plantea para nada limitar el negocio según el origen o procedencia del cliente, algo que no les beneficiaría pero que, además, consideran que no se ajusta a derecho.
Según explicaba en Radio Menorca el presidente del Colegio en Baleares Jose Miguel Artieda, las recientes medidas que se han dado a conocer, como el Decreto para incentivar el flujo de compra de propiedades a precio tasado o una moderación en el IPC podría ayudar a que el segmento medio-bajo encuentre oportunidades. El caso es que Baleares es una comunidad de récord en cuanto a lo que a precios inmobiliarios se refiere. Es cierto que las hipotecas son menos accesibles, se tornan más caras y se alargan los plazos en el tiempo, lo que pone pegas en el otro lado de la balanza.
Según Artieda, es preciso hacer una planificación a largo plazo del desarrollo de vivienda protegida y que se desarrollen unas buenas políticas de ayudas fiscales donde el que participa de una operación inmobiliaria tenga en todo momento la necesaria seguridad jurídica.
