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El precio de la vivienda convierte en pobres a muchos hogares con rentas medias

Casi la mitad de los inquilinos destina más del 30 % de sus ingresos al pago del alquiler, según la ONG Provivienda

Viviendas en Maó (Foto: Tolo Mercadal)
Viviendas en Maó (Foto: Tolo Mercadal)

Casi la mitad de los inquilinos destina más del 30 % de sus ingresos al pago del alquiler, según la ONG Provivienda, que denuncia que “el problema de la asequibilidad de la vivienda está convirtiendo en pobres a muchos hogares con rentas medias”.

Según los datos del Observatorio de Vivienda Asequible que elabora esta agrupación, y que ha sido presentados este martes, uno de cada tres hogares con ingresos medios que vive de alquiler hace un sobreesfuerzo económico sólo por el pago de la vivienda, a lo que hay que añadir los gastos de los suministros básicos para mantenerla.

Así, la vivienda es el principal elemento de exclusión social, junto al empleo, según la responsable de Evaluación e Investigación de Provivienda, Elena Martínez.

Un 17 % de los hogares en España queda bajo el umbral de la pobreza severa relativa después de pagar la vivienda, un porcentaje que en 2019, antes de la pandemia, era del 15 %.

Además, ese porcentaje se dispara al 37,8 % si se observan sólo los hogares que viven en régimen de alquiler, frente al 11,3 % de las familias con vivienda en propiedad con hipoteca.

Los más afectados por los problemas de asequibilidad de la vivienda son las mujeres (19,7 % frente al 15,6 % de los hombres); los extranjeros no comunitarios (el 57,6 % frente al 14,2 % de los españoles), y los jóvenes (el 23,5 % frente al 13 % de la media de la población).

Las islas Canarias y Baleares, junto a grandes urbes como Madrid y Barcelona, concentran un mayor porcentaje de hogares con sobreesfuerzo en el pago de la vivienda, un problema que, según Martínez, “se agrava año tras año”.

En este sentido, ha recordado que España tiene un 2,5 % de parque de vivienda social, mientras que la media europea es del 9,3 %, una escasez que se suma a otros problemas, como los elevados precios de alquiler y compra, los exigentes requisitos y garantías para ambos procesos y la escasa inversión en políticas públicas en esta materia.


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