La organización ecologista GOB está avanzando en su litigio contra la expansión de los hoteles de Son Bou, enfrentando obstáculos por la falta de respuesta del municipio. El grupo recuerda que en 2017, la empresa Melià propuso una ampliación significativa de sus hoteles situados en primera línea de mar en la playa de Son Bou, uno de los desarrollos más visibles del litoral menorquín. El proyecto incluye un incremento de 5.500 m² en la edificación y la creación de 2.250 m² de piscinas.
El GOB, tras revisar el proyecto y los expedientes históricos, alertó que la superficie de parcela de los hoteles incumplía lo estipulado en la licencia otorgada en los años setenta, la cual debía ser de 25.000 m² pero era de poco más de 18.000 m². Además, identificó partes de la construcción no permitidas o expresamente prohibidas por la licencia.
Consecutivamente, la empresa promotora solicitó la segregación y agrupación de parcelas, aparentemente para legalizar la parcela hotelera. Ante la presentación de esta documentación, el GOB pidió consultar la propuesta al Ajuntament de Alaior, que no proporcionó acceso hasta que la decisión final fue tomada, permitiendo la agrupación de parcelas.
El GOB, al revisar la documentación una vez otorgada la licencia, observó que se incluían como edificables zonas verdes que no lo son y que se aprobaba una superficie incorrecta según lo exigido por la licencia y el Plan General. Tras informar detalladamente al Ajuntament sobre estos errores y solicitar una revisión de la licencia sin recibir respuesta, y tras el plazo para la desestimación por silencio administrativo, el GOB optó por iniciar acciones judiciales, respaldado por un significativo apoyo ciudadano.
La denuncia se formalizó en junio ante el Juzgado Contencioso de Palma, que solicitó la documentación pertinente al Ajuntament de Alaior.
El GOB ha realizado un levantamiento topográfico y un peritaje arquitectónico, que ha mostrado la inclusión de zonas no edificables en la parcela hotelera. La empresa Melià también se ha personado en el contencioso, lo que significa que la iniciativa judicial enfrentará tanto al Ajuntament como a la promotora del proyecto.
